- Deben más de 700 mdp de predial. Por: Alberto Elenes TIJUANA.- El aeropuerto internacional de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez, anunció el cierre de sus operaciones luego de que un empleado de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris), ingresó a la fuerza en una zona segura, durante un operativo que realizaban en la terminal aérea junto con autoridades del Ayuntamiento de la ciudad. “A esta persona se le pidió que parara antes de ingresar por un arco de inspección, esta persona pasa por atrás de los mostradores, para este arco detector y él se siguió haciendo este acto de interferencia ilícita”, expresó Miguel Gravioto, vocero de Grupo Aeropurtuario del Pacífico. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que es el encargado de administrar el aeropuerto de Tijuana, informó que tuvieron que implementar una serie de protocolos internacionales de seguridad que marca la ley y que llevó al cierre de sus operaciones por espacio de 20 minutos. “Lo que marca la ley es que, si alguna persona entra sin la inspección correspondiente a la zona estéril del aeropuerto, lo cual en este caso no solo fue a la zona estéril sino fue a la plataforma, debe en el momento buscar el cierre de operaciones del aeropuerto, para poder revisar los lugares por donde paso esta persona y poder revisar si no hay algún objeto que pudiera afectar las operaciones del aeropuerto, a los pasajeros o en general al mismo edificio”, agregó el vocero. En un principio el Grupo Aeroportuario aseguró que la intromisión había sido de un funcionario del Ayuntamiento, esto causo la presencia del presidente municipal en el aeropuerto para aclarar lo sucedido. “Quiero dejar en claro que al personal del Ayuntamiento nunca lo dejaron entrar al área restringida, los detuvieron en el área de revisión y nunca pasaron el área de seguridad”, externó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. El alcalde reprobó que la empresa del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), sin importarles la afectación a los pajeros, recurrido al cierre como una medida de presión para el gobierno municipal y estatal, ya que ambas autoridades le reclaman el pago de gravámenes, entre ellos el impuesto predial del que adeudan más de 700 millones de pesos. “Nunca han pagado, nunca, se deben más de 700 millones de pesos, están litigio, pero sin embargo los negocios establecidos en este aeropuerto tienen la obligación de sacar los permisos municipales, el Ayuntamiento jamás ha cerrado el aeropuerto”, aunó. Eso llevó a que en el operativo fueron clausurados 10 establecimientos que no contaban con dichos permisos de operación y también al no ser considerados esenciales. Durante el cierre de la terminal aérea no se informó de afectaciones a los vuelos.
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