Asistentes de Bonilla estuvieron ligados al crimen organizado: Veloz
- Con antecedentes delictivos, personal que ayudó a Bonilla a levantar pluma en caseta: excandidato.
Por: Octavio Fabela
TIJUANA.- La caseta de cobro de peaje que se ubica en Playas de Tijuana, es, además, el último punto de revisión antes de la frontera y eso es lo que genera la ambición de Jaime Bonilla quien pretende apoderarse del control de ese lugar sin importarle que forma parte de la seguridad nacional, explicó el excandidato a gobernador de Baja California, Jaime Martínez Veloz.
"Nos parece sospechosa su actitud por tener control de un espacio territorial, en dónde es el último o la última frontera si pudiéramos decir de revisión en nuestro territorio, en un lugar que está a menos de 2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos", expresó.
Señaló que el ejecutivo estatal muestra de que su interés es sólo el control del lugar y afirmó que el personal que lo ayudó a levantar la pluma luego de su decreto fallido, cuentan con antecedentes por delitos contra la salud.
"Pero que lo es más grave, es que querían que estuviera bajo su control este espacio territorial un grupo de policías estatales que muchos de ellos fueron incluso detenidos en un operativo que hizo el Gobierno Federal hace algunos años, incluso la persona que quita la pluma y muchos de los asistentes de Bonilla han estado en la cárcel por delitos ligados con las organizaciones delictivas en nuestro Estado", dijo.
El excandidato a gobernador de Baja California, agregó "donde creería el señor Bonilla que los órganos de inteligencia de este país se van a chupar el dedo y le van a dejar tener control un espacio de esta naturaleza donde hay tráfico de armas de drogas de dinero".
Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, acudieron por orden del Secretario de Comunicaciones (SCT) a la caseta de cobro de Playas de Tijuana para recuperar las instalaciones a las 03:00 horas del jueves y 15 minutos después los cobros fueron reanudados, luego que horas antes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aplicara un supuesto decreto, mismo que rayó en ilícito y violatorio a la Constitución Mexicana y otras leyes.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) aclaró mediante un comunicado que el acto del ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez “viola la Constitución”.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) consideran que el mencionado decreto viola Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas”, dice el documento.
Con la participación de más de 160 elementos de las Fuerzas Armadas y 30 vehículos artillados se reintegró la operación a Capufe, en un mega operativo que tuvo por objetivo retirar al personal del Gobierno del Estado y de la Fiscalía local, que horas antes habían cancelado la concesión de Caminos y Puentes Federales mediante un decreto sin validez.
En el operativo, el personal de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Estatal fue advertido que de no retirarse se pondrían a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin actos violentos y mediante el dialogo, personal del gobierno del Estado, de la Fiscalía y la Guardia Estatal, se retiraron del luego por petición de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios Públicos Federales estuvieron listos para recibir a cualquier persona que fuera consignada en caso de que se impidiera su restitución.
“El propósito de la acción es mantener el estado de derecho en el país y garantizar que las instituciones del Estado Mexicano velarán en todo momento por la paz social y el respeto a la constitución”, expresó la autoridad federal.
Cabe mencionar que, el pasado 7 de julio el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernandez, decidieron hacer un acto protocolario sin competencia legal de cancelación de la caseta; horas después publicaron un decreto y pese a que entraba en vigor el 8 de este mes, ya habían causado la irrupción a dicha caseta.
El decreto se consideró una invasión a la competencia federal, un acto contrario a la Constitución y un atentado a las instituciones.
El miércoles por la noche, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió en un comunicado que aplicaría el Estado de derecho.
Con esto, explicaron expertos, se manda una señal a los mexicanos que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que las Fuerzas Federales están al servicio de México para hacer prevalecer el estado de derecho.
El Decreto emitido por el gobierno estatal, junto con los videos de sus acciones, serán analizados por las autoridades competentes de la FGR para deslindar responsabilidades en la comisión de los delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones.