Dan marcha atrás a decreto de la caseta de Playas de Tijuana
TIJUANA.- El gobierno del Estado dio marcha atrás a su propio decreto de la caseta de Playas de Tijuana.
De acuerdo al Periódico Oficial de Baja California, con fecha de este jueves 30 de julio, queda revocado el decreto de cancelación de la caseta de playas de Tijuana correspondiente a la autopista escénica Tijuana Ensenada.
En el documento oficial se lee: "Se revoca en todos sus términos el decreto de cancelación de la caseta de Playas de Tijuana correspondiente la autopista escénica Tijuana- Ensenada publicada por el periódico oficial del Estado en fecha del 7 de julio de 2020".
DEROGA GOBERNADOR BONILLA DECRETO DE CASETA DE PLAYAS DE TIJUANA
- La negociación con la Federación fue favorable para Baja California.
El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, envió al Poder Legislativo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), un decreto que deroga el decreto anterior del día 7 de julio del 2020, relativo a la caseta de Playas de Tijuana.
Lo anterior lo confirmó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien dijo además: “El Gobernador me pidió que publicáramos un decreto mismo que será publicado en unos minutos sobre la revocación del anterior decreto del 7 de julio y además establece instrucción a todos los secretarios de estado para que de manera urgente y prioritaria resolvamos de manera definitiva el tema de la caseta”.
El Titular de la SGG afirmó que este ha sido el resultado de una negociación del Mandatario Estatal con el Gobierno de México, y que, a su regreso de la capital del país a Baja California, Bonilla Valdez dará informes a la ciudadanía de los resultados de las negociaciones y los efectos positivos que esto conlleva.
Para solucionar el tema de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, propuso la emisión de una tarjeta electrónica, que sería proporcionada por la autoridad local, la cual tendría un costo de 100 pesos para los beneficiarios, como pago único por el documento que describen como "chip".
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez recibió los documentos de la propuesta del gobierno federal de manos del Fiscal Central, Hirám Sánchez Zamora, la tarde del martes, la cual beneficiaría a los residentes de los fraccionamientos aledaños a la caseta de peaje, es decir, a unas 12 mil personas.
"Estamos aquí precisamente revisando el convenio de la caseta de Playas de Tijuana que me acaba de entregar el fiscal que se lo mandaron de México, para ver si nosotros aceptamos las condiciones, pues quieren cobrar 100 pesos una sola vez por el chip", expresó el gobernador Bonilla.
Acto seguido el ejecutivo estatal cuestionó al fiscal si se trataba de credenciales, a lo que respondió que sí y mismas que incluirían un chip.
Cabe recordar que, las Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, acudieron por orden del secretario de Comunicaciones (SCT) a la caseta de cobro de Playas de Tijuana para recuperar las instalaciones a las 03:00 horas del jueves 9 de julio y 15 minutos después los cobros fueron reanudados, luego que horas antes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aplicara un supuesto decreto, mismo que rayó en ilícito y violatorio a la Constitución Mexicana y otras leyes.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) aclaró mediante un comunicado que el acto del ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez “viola la Constitución”.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) consideran que el mencionado decreto viola Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas”, dice el documento.
Con la participación de más de 160 elementos de las Fuerzas Armadas y 30 vehículos artillados se reintegró la operación a Capufe, en un mega operativo que tuvo por objetivo retirar al personal del Gobierno del Estado y de la Fiscalía local, que horas antes habían cancelado la concesión de Caminos y Puentes Federales mediante un decreto sin validez.
En el operativo, el personal de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Estatal fue advertido que de no retirarse se pondrían a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin actos violentos y mediante el dialogo, personal del gobierno del Estado, de la Fiscalía y la Guardia Estatal, se retiraron del luego por petición de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios Públicos Federales estuvieron listos para recibir a cualquier persona que fuera consignada en caso de que se impidiera su restitución.
“El propósito de la acción es mantener el estado de derecho en el país y garantizar que las instituciones del Estado Mexicano velarán en todo momento por la paz social y el respeto a la constitución”, expresó la autoridad federal.
Cabe mencionar que, el pasado 7 de julio el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernandez, decidieron hacer un acto protocolario sin competencia legal de cancelación de la caseta; horas después publicaron un decreto y pese a que entraba en vigor el 8 de este mes, ya habían causado la irrupción a dicha caseta.
El decreto se consideró una invasión a la competencia federal, un acto contrario a la Constitución y un atentado a las instituciones.
El miércoles por la noche, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió en un comunicado que aplicaría el Estado de derecho.
Con esto, explicaron expertos, se manda una señal a los mexicanos que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que las Fuerzas Federales están al servicio de México para hacer prevalecer el estado de derecho.
El decreto emitido por el gobierno estatal, junto con los videos de sus acciones, serán analizados por las autoridades competentes de la FGR para deslindar responsabilidades en la comisión de los delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones.