'Era de esperarse', resolución de FGE en caso de 'moches': Coparmex
Por: Octavio Fabela
TIJUANA.- La resolución en el caso de 'moches' por parte de la Fiscalía General del Estado "era de esperarse", a decir del presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas.
El presidente señaló que es imposible se juez y parte en un escenario donde el fiscal está en compadrazgo con el gobierno. Si esto continúa, consideró que nunca van a descubrir nada en investigaciones similares.
Por ello, insistió en que el fiscal no sea puesto "a modo", y que funja como un defensor de sus compañeros funcionarios, como en el caso recién concluido.
No obstante, a pesar del revuelo que esto ha ocasionado, consideró que no es una noticia tan "trascendental" como la pandemia que aqueja actualmente, y pidió enfocarse en ese tema en lugar de otros por el momento ve como secundarios.
No había elementos suficientes para ejercitar acción penal
La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que no ejercerá acción penal en la investigación por los presuntos “moches” en los que estuvo involucrada la entonces secretaria de Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, y el ex oficial mayor del estado, Jesús Damián Núñez.
“Luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos”, señaló el órgano autónomo en un comunicado.
Cabe recordar que en el mes de noviembre del 2019 un ex colaborador de García Soberanes, hizo públicos unos chats de WhatsApp que meses antes del inicio de la administración estatal sostuvo con ella, con los cuales trataba de acreditar que García estaba en negociaciones con un empresario agropecuario para entregarle contratos con el gobierno, a cambio de “moches”, una vez que iniciara la administración.
En las presuntas negociaciones también se mencionaba el nombre de quien después fungiría como oficial mayor del estado, Jesús Damián Núñez.
El colaborador de García Soberanes, Rosendo Colorado, procedió formalmente e interpuso una denuncia en la Fiscalía sobre presuntos actos de corrupción, cuando la administración estatal llevaba un mes de haber iniciado.
A cinco meses de que se presentara esa denuncia, la Fiscalía General del Estado indicó que no hay elementos suficientes para ejercer acción penal.
“Derivado de lo anterior se concluye el expediente, al no haber diligencia que tramitar”, apuntó.
Los dos funcionarios, tanto la secretaria de Bienestar como el oficial mayor, dejaron sus cargos derivado de la investigación.