Baja California

Fuerzas Armadas recuperan caseta de Playas de Tijuana; reanudan cobro

Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina, recuperaron la caseta de cobro de Playas de Tijuana; ya se cobra otra vez.

por Uniradio Informa

09/07/2020 06:16 / Uniradio Informa / Baja california / Actualizado al 17/02/2023

- Esta madrugada, Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina y Armada de México recuperaron la caseta de Playas de Tijuana; en el intenso operativo participaron más de 160 elementos de las fuerzas armadas y 30 vehículos artillados. A partir de las 03:15 los cobros se reanudaron.

 

TIJUANA.- Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, acudieron por orden del Secretario de Comunicaciones (SCT) a la caseta de cobro de Playas de Tijuana para recuperar las instalaciones a las 03:00 horas de este jueves y 15 minutos después los cobros fueron reanudados, luego que horas antes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aplicara un supuesto decreto, mismo que rayó en ilícito y violatorio a la Constitución Mexicana y otras leyes.

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) aclaró mediante un comunicado que el acto del ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez “viola la Constitución”.

 

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) consideran que el mencionado decreto viola Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas”, dice el documento.

 

Con la participación de más de 160 elementos de las Fuerzas Armadas y 30 vehículos artillados se reintegró la operación a Capufe, en un mega operativo que tuvo por objetivo retirar al personal del Gobierno del Estado y de la Fiscalía local, que horas antes habían cancelado la concesión de Caminos y Puentes Federales mediante un decreto sin validez.

 

En el operativo, el personal de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Estatal fue advertido que de no retirarse se pondrían a disposición de la Fiscalía General  de la República (FGR).

 

Sin actos violentos y mediante el dialogo, personal del gobierno del Estado, de la Fiscalía y la Guardia Estatal, se retiraron del luego por petición de las Fuerzas Armadas. 

 

Los Ministerios Públicos Federales estuvieron listos para recibir a cualquier persona que fuera consignada en caso de que se impidiera su restitución.

 

“El propósito de la acción es mantener el estado de derecho en el país  y garantizar que las instituciones del Estado Mexicano velarán en todo momento por la paz social y el respeto a la constitución”, expresó la autoridad federal.

 

Cabe mencionar que, el pasado 7 de julio el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernandez, decidieron hacer un acto protocolario sin competencia legal de cancelación de la caseta; horas después publicaron un decreto y pese a que entraba en vigor el 8 de este mes, ya habían causado la irrupción a dicha caseta.

 

El decreto se consideró una invasión a la competencia federal, un acto contrario a la Constitución y un atentado a las instituciones.

 

El miércoles por la noche, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió en un comunicado que aplicaría el Estado de derecho.

 

Con esto, explicaron expertos, se manda una señal a los mexicanos que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que las Fuerzas Federales están al servicio de México para hacer prevalecer el estado de derecho.

 

El Decreto emitido por el gobierno estatal, junto con los videos de sus acciones, serán analizados por las autoridades competentes de la FGR para deslindar responsabilidades en la comisión de los delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones.

 

VIDEO: Liberación de la caseta de Playas de Tijuana esta madrugada

Publicado por UniradioInforma.com en Jueves, 9 de julio de 2020

 

 

 

 

 

 

Aquí el comunicado íntegro de la SCT:

 

Ilícito el decreto de Baja California para operar el tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito

 

El día de ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se presentó acompañado del Fiscal General del Estado, Guillermo Ruíz Hernández en la Plaza de Cobro No. 34 “Playas de Tijuana”, ubicada en el kilómetro 011, Cuerpo “A”, de la Autopista Tijuana-Ensenada.

 

En un acto improvisado, el titular del ejecutivo estatal anunció que esa tarde publicaría un decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasaran a la posesión del Gobierno del Estado de Baja California, el cual se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.

 

Asimismo, anunció que, a partir de ese momento la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad, entregándoles en ese acto la posesión de las mismas.

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) consideran que el mencionado decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas; así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

 

CAPUFE, como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero.

 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas.