Inconsistencias en decreto para regularizar autos 'chocolate': COCI
Por: Octavio Fabela
TIJUANA.- Carlos Atilano peña, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), compartió que el acuerdo impulsado por el presidente López Obrador para regularizar los carros "chocolate" tiene más inconsistencias que aciertos.
El abogado señaló que en el análisis del acuerdo publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, se encuentra que las consecuencias jurídicas para poseedores de un auto ilegal son diferentes a lo expresado por el presidente durante su gira por Baja California.
"No se trata de un decreto o ley, sino de un simple acuerdo, por lo que las consecuencias jurídicas son diferentes", dijo.
Explicó que este tratado parece ser más como un “permiso para circular”, y comentó que no parece un auténtica regularización.
"Se convierte en un paliativo pero no resuelve de fondo ya que deja abierto el tratamiento legal para quienes introdujeron ilegalmente un carro a territorio mexicano", sostuvo.
Dijo que no ven que haya una instrucción de importación por medio de Hacienda, y que estas unidades no podrán circular ni en Estados Unidos, ni en otros estados, ni podrán realizarse compra-ventas de los mismos, ya que estarán muy limitados.
Además, con ello, se convierte en un paliativo pero no resuelve de fondo ya que deja abierto el tratamiento legal para quienes introdujeron ilegalmente un carro a territorio mexicano. Cuestionó si era un perdón a las mafias que se dedican a este ilícito.
“Creo que no se valoró todo el contexto general de la problemática y obviamente ya hay quejas y manifestación por parte de las agencias nacionales nacionales de autos nuevos y distribuidoras de autos nuevo y usados”, señaló Carlos Atilano.
Detalló que el acuerdo instruye a las Secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública Federal, pero no incluye a organismos estatales, que son los que están cobrando por este registro.
Derivado de lo anterior, manifestó, hay confusión, ya que se dijo que todos los ingresos serán para los propios estados para bacheo, pero en el acuerdo dice que los destinos dependerán de la ley de egresos ya aprobado, por lo que no se sabe realmente a dónde terminarán esos recursos.