Obtiene BC primer lugar nacional en transparencia presupuestaria

- La Secretaría de Hacienda del Estado se reconoce como una de las instituciones más activas en promover claridad y eficiencia en materia presupuestal

MEXICALI.- Baja California obtuvo el primer lugar nacional en buenas prácticas en materia de Transparencia Presupuestaria, de acuerdo a una evaluación hecha por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), informó José Andrés Pulido Saavedra, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Dijo que el IMCO auditó a todas las administraciones gubernamentales del país en diez categorías en donde se destacó el acceso inicial a la información de ingresos y egresos en los portales de internet, existencia de desgloses específicos del presupuesto, cumplimiento a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, así como los requerimientos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Pulido Saavedra detalló que gracias a las buenas prácticas administrativas, este año Baja California obtuvo el 100% del cumplimiento de los 116 criterios evaluados por esta institución, por lo que se ubica al Estado en el primer lugar nacional, junto con otras once entidades federativas.

Mencionó que la evaluación del IMCO en esta materia se titula el Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 (BIPE-IMCO), por lo que al llegar al primer lugar quedó reconocido el trabajo de la Secretaría de Hacienda de Baja California como una de las instituciones más activas en promover dichas prácticas de claridad y eficiencia en materia presupuestal.

El subsecretario de Egresos señaló que los buenos resultados han sido posibles en coordinación con otras instancias gubernamentales como el Congreso del Estado, el Instituto Estatal Electoral y organismos de la sociedad civil, entre los que destacan el ObserBC.

Finalizó que de acuerdo al IMCO, el Barómetro de Información Presupuestal Estatal es un instrumento que se ha centrado en medir la calidad en el ejercicio del gasto público y promover las mejores prácticas para acortar la brecha entre el presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido.