Baja California

Solicitud de juicio político a quienes apoyaron fraude, pide Veloz

El excandidato Jaime Martínez Veloz, redactó un documento en el que pide juicio político contra quienes apoyaron el fraude constitucional.
Uniradio Informa 15-05-2020

TIJUANA.- El excandidato Jaime Martínez Veloz, redactó un documento en el que pide juicio político contra quienes apoyaron el fraude constitucional en apoyo a la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California.

 

Aquí el escrito:

 

Por Jaime Martínez Veloz.

 

Cuando Jaime Bonilla, rebuzna y declara que “nadie pudo decir qué artículo se violó”, no solo demuestra que es ágrafo, ignorante del derecho y que hasta para hablar lo hace con faltas de ortografía, sino que exhibe su cretinismo para distorsionar la realidad y tratar de hacer creer a la sociedad, que las mentiras que el mismo inventa deben de ser creídas por los demás, como si todos tuviéramos la misma enfermedad psicótica que hace tiempo lo persigue y la presume.

 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, le dijeron que el “Bonillazo” no solo había violado los artículos 14, 16, 35, 105 y 116 de la Constitución, sino, además, que las patrañas urdidas en la reforma que le permitía ampliar su mandato de 2 a 5 años “vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la constitución”, que entraña una violación

 

1.    Al periodo de veda electoral,

 

2.    Al principio de elecciones, libres periódicas y auténticas,

 

3.    Al derecho a votar y ser votado,

 

4.    Al principio de la no reelección,

 

5.    Al principio de la irretroactividad de las leyes,

 

6.    Al voto público,

 

7.    A la Soberanía popular, y

 

8.    Al principio democrático previsto en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Por si esto fuera poco, el Presidente de la Corte, Don Arturo Zaldívar, en forma por demás contundente remató diciendo que “en Baja California se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió violar la constitución”. ¨¿Quieres más Bonilla o te guiso un huevo?”.

 

Lo expresado por los Ministros de la Corte a través de la resolución que fue aprobada en forma unánime por los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una bocanada de aire fresco, en medio de tantas noticias ingratas.

 

Pero al mismo tiempo las conclusiones de la SCJN nos obligan a todos los demás, a no dejar impunes los delitos cometidos por todos aquellos que, por ambición, por ignorancia o por complicidad, se sumaron a un atraco, que pretendía violentar las leyes, la estabilidad y la gobernabilidad del Estado y de la Nación.

 

Es por ello, que el PRD a través del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, presentará de nueva cuenta, tal y como lo hizo la Compañera Diputada Verónica Juárez Coordinadora de los Legisladores del PRD, en el año 2019, ante dicha instancia legislativa; una solicitud de Juicio Político para los integrantes de la pasada y de la actual legislatura que participaron en la aprobación y en actos de pretendida validación y justificación social del “Bonillazo”; a los integrantes de los Cabildos de Tecate, Ensenada y Rosarito que apoyaron tal despropósito; a 2 de los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de BC, que se prestaron a esta “maquinación”; a los funcionarios federales que apoyaron, hicieron ofrecimientos económicos y realizaron otras acciones para convencer a los Diputados a votar por la ampliación del periodo, así como a los autores intelectuales de este pretendido “fraude a la Constitución” Amador Rodríguez Lozano y al principal interesado y promotor de la misma, Jaime Bonilla Valdez, para que se les finquen las responsabilidades que la misma ley establece, para quienes incurrieron en las acciones delincuenciales expresadas en la resolución aprobada por el Pleno de la SCJN, el día 11 de mayo del presente año, la cual acompañaremos a la solicitud de Juicio Político, que presentaremos en breve en el Palacio de San Lázaro.

 

Esta será, la primera acción, de varias que habremos de emprender, para limpiar las instituciones del Estado y reconstruir la legalidad de B.C., quebrantada y destrozada por una banda de delincuentes.