La propuesta de reformas a la ley minera

Manuel Valenzuela V.

La minería es una actividad compleja cuyo aporte final a la sociedad no es fácil evaluar a simple vista. Por un lado, es un gran activo para la economía, pero por el otro, si su explotación no se regula adecuadamente, es un pasivo para el medio ambiente. La propuesta de reformas a la Ley Minera, impulsada por el presidente y su partido, debería balancear -al menos en el papel- esos dos aspectos para tener el instrumento legal que se requiere para una explotación responsable de esa actividad. 

Sin embargo, la actual propuesta parece incorporar un elemento ideológico que la contamina. El presidente parece tener un deseo, consciente e inconsciente, de pasar a la historia como héroe nacional, al nivel de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y el general Cárdenas. Lo anterior acaba de expresarse nuevamente con su declaración de que la adquisición reciente de 13 plantas generadoras de electricidad a la empresa española Iberdrola, equivale a "una segunda nacionalización", justo al nivel de la nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos en 1960. En la minería intenta hacer algo similar. 

Ese es un elemento que hay que incorporar en el análisis de la propuesta de reformas a la Ley Minera que -por cierto- no logró los consensos necesarios en el congreso y su discusión fue diferida para otro momento. Su intención es reforzar el control del Estado en materia de explotación de los recursos minerales del país modificando las bases sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, lo mismo que ampliando las facultades del ejecutivo para actuar sobre las ya otorgadas.

Las propuestas más polémicas han sido las siguientes: la de reducir a 15 años el tiempo máximo de duración de las concesiones, prorrogables por una única vez por el mismo tiempo y que sean para la explotación de un solo mineral; que las concesiones de uso de agua se reduzcan a 5 años; que se otorguen por la vía de la licitación pública; regular de manera más expedita el cuidado del medio ambiente, en especial la protección de los mantos acuíferos; y la definición de planes de recuperación de la naturaleza dañada una vez que concluyan los periodos de las concesiones.

La minería es una actividad muy importante para la economía del país. Aporta el 2.5 por ciento del PIB nacional y el 9 por ciento del PIB industrial, exporta 18 mil millones de dólares y genera 330 mil empleos directos en indirectos, y aporta al fisco unos 73 mil millones de pesos. Además, tiene un papel estratégico en la transición energética en la que el mundo está inmerso; aporta los minerales clave para la construcción de redes y autos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas, entre muchos otros productos. La producción de minerales como cobalto, níquel, litio, manganeso, grafito, cobre, etc., son muy importantes tanto para la salud económica del país, como para posicionarlo como factor clave en la transición energética.

Sin embargo, es imposible dejar de lado que la minería es una actividad profundamente depredadora del medio ambiente; los procesos de explotación a cielo abierto arrasan con todo el paisaje, desaparecen cerros completos con su vegetación y especies animales; los de separación de minerales (que siempre vienen en aleación) como trituración, lixiviación, flotación, y otros, usan sustancias altamente contaminantes del agua, suelos y aire (mercurio, ácido sulfúrico, cianuro, entre otros). 

¿Cómo combinar estos dos aspectos y crear una legislación que ponga a México a la vanguardia en una explotación minera responsable y respetuosa del medio ambiente, y que sea a la vez una actividad rentable para la inversión privada? Sabemos que la minería requiere de enormes inversiones y que es imposible recuperarlas en el corto plazo, por lo que necesita largos períodos de maduración. A decir de los líderes de la Cámara Minera de México (Camimex), la sola exploración suele llevar hasta diez años, para que luego pueda iniciarse la explotación.

La propuesta de reformas a la Ley Minera presentada ante el congreso parece no cumplir con los requisitos de viabilidad de la actividad, aunque aporta importantes y valiosos elementos a la regulación para proteger el medio ambiente. De acuerdo con los especialistas en la materia, las propuestas de reducir a 15 años el periodo de las concesiones y la de limitarles a solo 5 años el uso del agua, harían inviable la inversión privada, con lo que el país se estaría autolimitando en su potencial para crecer. Sin embargo, la propuesta de quitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones y hacerlas por la vía de las licitaciones públicas, parece un elemento no solo razonable, sino indispensable.

Hay otros aspectos positivos de la propuesta, tal es el caso de los contratos obligados entre las empresas mineras y los propietarios de la tierra en el reparto de los beneficios, lo que parece un elemento muy positivo. Lo mismo sucede con la prohibición de concesiones en las áreas naturales protegidas. Ni qué decir de la necesidad de reforzar la regulación para la disposición final de los residuos con el propósito de proteger los cauces y depósitos de agua, además de exigir garantías de reparación contra posibles daños ambientales. También parece muy razonable la propuesta de definir responsabilidades en los cierres de las minas.

En resumen, es necesario contar con una nueva regulación de la explotación de los recursos minerales del país y sin duda se requiere que sea de vanguardia, que a la vez que incentive la inversión pública y privada en el sector, promueva una explotación responsable con el entorno y protectora del medio ambiente. Estas características no se reúnen en la actual propuesta de reformas a la Ley que ha promovido el presidente y su partido.  

Para que la propuesta se convierta en el instrumento legal que se requiere, es necesario "desideologizarla" eliminando aspectos como los siguientes: los que la hacen económicamente inviable; dejar de considerar a los empresarios mineros como los enemigos y en su lugar comprometerlos a una explotación racional de los recursos; y, finalmente, eliminar el tufo autoritario que implica dar facultades discrecionales excesivas al ejecutivo. ¿Estaremos cerca de lograr una ley minera a la altura de los requerimientos? Lo veremos en los próximos meses.