34 policías municipales de Baja California han sido detenidos en cinco años por presuntos vínculos con el crimen organizado

- La Fiscalía no ha desglosado cifras equivalentes para Mexicali, Rosarito y Tecate, aunque en los tres se documentan casos desde 2022.

- De las decenas de policías detenidos durante la administración de Ávila Olmeda, uno solo —el de dos expolicías tijuanenses— ha concluido con sentencia firme: 60 años de prisión para cada uno.

TIJUANA. — Al menos 34 policías municipales de Baja California han sido detenidos durante la actual administración estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con el conteo más reciente atribuido a la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Ensenada concentra el mayor número, con 13 arrestos; Tijuana registra 6. 

La FGE no ha difundido un desglose equivalente para Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate, aunque en los tres municipios se documentan detenciones de manera individual desde 2022.

El periodo corresponde a la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en funciones desde noviembre de 2021. 

La cifra pública ha aumentado conforme avanzan las investigaciones: en marzo de 2026, la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, reportó la detención de más de 30 agentes municipales en el marco de un operativo contra policías con nexos criminales identificado como Alba; en junio, al informar sobre nuevas detenciones en Tecate, habló de más de 20 agentes municipales presos en el estado. La cifra de 34 es la más alta difundida hasta ahora.

Los delitos imputados con mayor frecuencia son desaparición forzada, homicidio, feminicidio y secuestro, además de cargos por asociación delictuosa vinculados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la célula identificada como Los Rusos, señalada como brazo del Cártel de Sinaloa en el Valle de Mexicali. En Mexicali y la zona costa, la FGE también ha referido nexos con una red encabezada por los hermanos René y Aquiles Arzate.

* El balance por municipio.

* Ensenada: el caso que elevó la cifra estatal

Ensenada concentra el mayor número de arrestos del periodo, resultado en buena parte de una sola carpeta de investigación. 

El 7 de marzo de 2025, policías municipales detuvieron a un grupo de jóvenes en la zona de Tierra Santa y Monte Parnaso, en el ejido El Porvenir, dentro del Valle de Guadalupe. 

Según la reconstrucción de la FGE, al menos 11 personas fueron aseguradas esa noche; seis quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por posesión de armas y droga, mientras que otras cinco, de entre 18 y 22 años y originarias de Sinaloa y Tijuana, no volvieron a ser localizadas.

Sus nombres —entre ellos Rigoberto Rivera Rangel, Rubén Efrén Ray Ordaz y Juan Edgar Mayorga Pérez— fueron difundidos en fichas de búsqueda por colectivos y, después, por la propia Fiscalía.

De acuerdo con un recuento publicado en abril de 2025, la FGE había girado, en el lapso de un año, 16 órdenes de aprehensión contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada por desaparición forzada cometida por servidores públicos, la mayoría relacionada con el caso de El Porvenir. 

Once agentes —identificados entre otros como Alberto Cisneros, Owen Vázquez, Jesús Pedraza, Rubén Soto, Eduardo Pelayo y Edy Morales— fueron vinculados a proceso y permanecen en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada; el resto continúa prófugo, incluida una mujer con orden de captura. 

Edy de Jesús Morales, quien encabezaba el Grupo de Operaciones Especiales de la corporación, murió dentro del Cereso en julio de 2025. 

Uno de los prófugos, identificado como Martín "N", fue localizado y detenido el 12 de enero de 2026 en un operativo en el que, según la FGE, falleció una persona durante la intervención; el exagente fue vinculado a proceso por desaparición forzada a finales de ese mes. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California abrió un expediente sobre el caso.

El paradero de los cinco jóvenes continúa sin esclarecerse.

* Mexicali: fosas clandestinas y escoltas al crimen organizado.

En Mexicali, la Fiscalía documenta detenciones bajo al menos cuatro líneas de investigación distintas desde 2022, agrupadas en buena parte bajo el llamado operativo Alba. 

La primera involucra a los agentes identificados como Kevin "N" y Eduardo "N", señalados por la desaparición de dos jóvenes reportados como no localizados en septiembre de 2022 tras salir de un bar de la ciudad, y a Humberto "N", vinculado a la desaparición de otra víctima interceptada en febrero de ese año en el Valle de Mexicali. 

El 27 de febrero de 2026, cuatro policías municipales más fueron detenidos, dos en la zona rural y dos en la zona urbana; según la corporación, los cuatro habían aprobado previamente los exámenes del Centro de Control y Confianza (C3). 

Para fines de 2025, el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, reportaba 11 policías detenidos por delitos de alto impacto.

En enero de 2026, la FGE relacionó a policías municipales con el hallazgo de fosas clandestinas en una reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, donde se localizan restos humanos desde 2023. 

La fiscal Andrade Ramírez explicó que, de acuerdo con las investigaciones, algunos agentes interceptaban a personas ya detenidas por policías municipales para hacerlas desaparecer sin dejar registro; tres oficiales, identificados como Hiram Sinhue "N", Manuel Alberto "N" e Isaac Sergio "N", fueron detenidos por la desaparición forzada de cuatro personas originarias de Tijuana ocurrida el 10 de julio de 2022 en la carretera al aeropuerto de Mexicali. 

La Fiscalía reportó 20 carpetas de investigación abiertas contra elementos de la corporación municipal, que suma cerca de mil 800 policías, algunas relacionadas con el resguardo brindado a un presunto integrante de Los Rusos identificado como Josué Godínez Fernández, alias El Pitufo.

En marzo de 2026, un juez vinculó a proceso a un expolicía identificado como Enrique "N" por la desaparición forzada de su esposa, Karen Denisse, ocurrida en mayo de 2022; de acuerdo con la Fiscalía, el exagente se hizo pasar por víctima al denunciar la desaparición mientras continuaba con su vida cotidiana.

Uno de los casos más recientes se originó tras el homicidio de dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, ocurridos el 26 y 27 de junio de 2026 en Mexicali. 

De 45 personas detenidas en los operativos posteriores, dos son policías municipales —uno en activo y otro suspendido—, vinculados a proceso y en prisión preventiva por su presunta relación con Los Rusos; durante los cateos se les aseguraron chalecos con insignias de esa organización y armamento distinto al reglamentario.

* Tijuana: de un secuestro a la primera condena del periodo.

En Tijuana se documentan al menos dos procesos separados. 

El primero data del 4 de julio de 2024, cuando siete agentes adscritos a la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal fueron señalados de privar de la libertad a un comerciante y a su hijo menor de edad, a quienes exigieron 400 mil pesos a cambio de su liberación. 

La Sindicatura Procuradora del ayuntamiento había recibido una denuncia por el caso desde julio de 2023. 

El 24 de octubre de 2024, la FGE cumplimentó seis órdenes de aprehensión contra los agentes identificados como Eduardo Herrera Alatorre, Isidro Ocampo García, Eduardo González Polanco, Raúl Delgado Alfaro, Daniel Lata Aro, José Merino Acosta y Enrique Manuel Álvarez García; todos fueron liberados horas después mediante un amparo. 

El 12 de diciembre de 2024, la Fiscalía logró la revocación de esos amparos y cuatro de los agentes volvieron a ser detenidos; dos permanecen prófugos.

El segundo proceso, el único del periodo que ha concluido con sentencia firme, se originó el 1 de septiembre de 2022, cuando dos policías municipales interceptaron en su patrulla a José Alberto Cantero Ramírez, comerciante del Mercado Hidalgo, quien no volvió a ser localizado con vida. 

Los agentes, identificados como Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, fueron declarados culpables de desaparición forzada el 27 de mayo de 2026 y sentenciados a 60 años de prisión cada uno, la pena máxima aplicable a servidores públicos por ese delito conforme al Código Penal de Baja California.

En mayo de 2025, un supervisor en funciones, identificado como Miguel Ángel "N", fue detenido por elementos de su propia corporación tras ser señalado de participar, con uniforme y patrulla oficiales, en el secuestro de una comerciante en la colonia La Morita.

* Playas de Rosarito: la red del excomandante.

En Playas de Rosarito, los casos documentados se concentran alrededor de una misma estructura. 

El excomandante de la Policía Municipal, César Pedro Silva Ibáñez, fue detenido el 26 de abril de 2025 y vinculado a proceso por secuestro agravado, en relación con el homicidio de Dulce Manantial Macías Cruz, de 24 años, y Hugo Alejandro Álvarez Hernández, de 25, cuyos cuerpos fueron hallados el 18 de enero de 2024 dentro de la cajuela de un vehículo abandonado en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana; ambos habían sido vistos por última vez en un bar de la localidad.

El 3 y 4 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República detuvo a Rosendo Valenzuela Ortega, con la corporación desde 2009, y a Jorge Abel Díaz Estrada, entonces subjefe del sector Norte, además del exagente Eusebio Eriberto Frausto Flores, quien había renunciado a la policía en 2022.

Los tres, señalados de pertenecer al grupo encabezado por Silva Ibáñez, fueron vinculados a proceso el 27 de septiembre de 2025 por la desaparición forzada de dos personas ocurrida en 2020, una de ellas menor de edad. 

Un quinto agente, César Alejandro Delgado, con un año en la corporación, fue detenido el 5 de septiembre de 2025 mientras conducía un vehículo con reporte de robo.

De manera independiente, dos agentes identificados como José María "N" y Germán Alonso "N" fueron vinculados a proceso en septiembre de 2024 por abuso de autoridad, en un hecho ocurrido en diciembre de 2022.

* Tecate: infiltración señalada del CJNG y ausentismo médico.

En Tecate, la Fiscalía cumplimentó el 23 de junio de 2026 dos órdenes de aprehensión contra oficiales activos de la Policía Municipal, acusados de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación mediante el aviso anticipado de operativos, cateos y patrullajes en el municipio. 

Tres agentes más permanecen bajo investigación por el mismo caso, uno de ellos prófugo. 

La Fiscalía indicó que los agentes también son investigados por su posible participación en el homicidio de Christian Alfredo Sandoval Aguiar, jefe del área de robo de vehículos de la Agencia Estatal de Investigación, ocurrido días antes de las detenciones. 

En una audiencia posterior, la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp, atribuidas a los agentes y fechadas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en las que se reportaban movimientos militares y policiales a integrantes de una célula identificada como Los Batacas; testigos citados en la audiencia señalaron la participación de un grupo más amplio de agentes municipales en el intercambio de información.

De manera paralela, autoridades estatales reportaron que 60 de los 190 elementos que integran la Policía Municipal de Tecate —cerca de cuatro de cada diez— se encuentran de baja médica, algunas con más de tres años de antigüedad. 

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra médicos del Issstecali por la posible expedición irregular de esas incapacidades, después de que uno de los agentes detenidos por homicidio calificado tramitaba una licencia médica al momento de su arresto. Un fenómeno similar, aunque de menor escala, fue detectado en las corporaciones de Mexicali y Tijuana.

* Procesos judiciales: de 34 detenciones, una sola condena firme.

De los casos documentados durante la administración de Ávila Olmeda, la mayoría permanece en la etapa de vinculación a proceso, con prisión preventiva —oficiosa o justificada— como medida cautelar mientras continúan las investigaciones complementarias. 

Hasta la fecha, un solo proceso ha concluido con sentencia condenatoria firme: el de los expolicías tijuanenses Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, sentenciados en 2026 a 60 años de prisión cada uno por un hecho ocurrido en 2022, un lapso de cerca de cuatro años entre la comisión del delito y la condena.

En al menos dos municipios se registran fugas de agentes con órdenes de aprehensión vigentes: en Ensenada, donde permanecen prófugos varios de los señalados por el caso de El Porvenir, y en Tecate, donde uno de los agentes investigados por sus vínculos con el CJNG no ha sido localizado. 

En Tijuana, un recurso de amparo permitió la liberación temporal de cuatro agentes acusados de secuestro antes de que la Fiscalía lograra su revocación. 

Un detenido, el agente Edy de Jesús Morales, murió mientras se encontraba en prisión preventiva en el Cereso de Ensenada.

* Sanciones administrativas y filtros de control.

Al margen del proceso penal, los ayuntamientos han aplicado medidas administrativas independientes contra los agentes señalados. 

En Tijuana, la Sindicatura Procuradora separó de sus funciones operativas a los siete oficiales acusados de secuestro desde julio de 2023, más de un año antes de que se giraran las primeras órdenes de aprehensión; los agentes detenidos en la Unidad de Inteligencia, en octubre de 2024, fueron reasignados a labores administrativas mientras se resuelve su situación jurídica. 

Según cifras difundidas en enero de 2024 por el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, José Fernando Sánchez González, la corporación tijuanense remueve en promedio a 50 policías al año por corrupción, abuso de autoridad, soborno o incumplimiento de protocolos.

En Mexicali, la Sindicatura Municipal confirmó que cuatro agentes detenidos en un operativo de la FGE en marzo de 2026 ya contaban con sanciones previas de la Comisión de Honor y Justicia, consistentes en suspensiones de 10 a 15 días por no reportar adecuadamente sus intervenciones al C3. 

La dependencia municipal indicó que, de continuar el proceso penal, los agentes podrían quedar sujetos a una reducción de hasta 30% de su salario pese a permanecer suspendidos de sus funciones.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), instancia responsable de examinar periódicamente a los policías del estado, había aprobado previamente a la generalidad de los agentes detenidos en los casos documentados en este recuento. 

Un proceso de depuración adicional, anunciado hace más de un año por la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana, evaluó de manera parcial a las corporaciones de Mexicali, Tecate y Rosarito, sin que se haya reportado su conclusión.

* Contexto: quejas y denuncias previas.

Cifras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2023 —el desglose por municipio más reciente disponible públicamente—, registraron 250 quejas contra policías municipales del estado: 142 en Tijuana, 49 en Ensenada, 38 en Mexicali, 12 en Rosarito y 3 en Tecate. 

Para ese mismo periodo, colectivos de búsqueda de personas en Baja California estimaron que entre 30% y 35% de los casos de personas no localizadas en la entidad involucraban a un agente de seguridad pública municipal, estatal o federal.

* Puntos clave.

• 34 policías municipales detenidos en cinco años; Ensenada (13) y Tijuana (6) son las únicas cifras que la FGE ha desglosado por municipio.
• Un solo caso —dos expolicías de Tijuana— tiene sentencia firme: 60 años de prisión para cada uno.
• Los casos documentados incluyen desaparición forzada, homicidio, feminicidio y secuestro, con señalamientos de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la célula Los Rusos y una red encabezada por los hermanos Arzate.
• En Tecate, 60 de 190 policías municipales están de baja médica; la Fiscalía investiga a médicos del Issstecali por posibles irregularidades en su expedición.
• Cifras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos correspondientes a 2023 registraron 250 quejas contra policías municipales del estado en un periodo de nueve meses.