California demanda para impedir que Trump utilice fondos de seguridad pública para presionar a los estados en materia de elecciones

California encabeza una demanda interestatal para impedir que el gobierno federal utilice fondos de seguridad cruciales como herramienta de presión política en la administración de las elecciones estatales. Estos fondos ayudan a las comunidades a capacitar a los servicios de emergencia, fortalecer la ciberseguridad, mejorar los sistemas de comunicación y prepararse para el terrorismo y otras amenazas graves a la seguridad pública.

SACRAMENTO -  El gobernador Gavin Newsom anunció hoy, en colaboración con el fiscal general Rob Bonta, que California encabeza una demanda interestatal para bloquear los intentos ilegales del gobierno federal de condicionar la financiación de la seguridad pública a exigencias políticas vinculadas a las elecciones. California no aceptará que los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana se utilicen como moneda de cambio para presionar a los estados sobre cómo deben llevar a cabo elecciones libres y justas.

Una y otra vez, los tribunales le han dicho a la corrupta administración de Trump que no puede coaccionar a California para que haga su voluntad amenazando con retener fondos para la seguridad pública. Sin embargo, vuelven a la carga. Esta vez exigen que los estados modifiquen sus propias leyes electorales para acceder a fondos que financian la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad pública, fondos que el Congreso ya aprobó. Sencillamente, no lo permitiremos.

Gobernador Gavin Newsom

"El presidente Trump cuenta con escaso apoyo tanto para su agenda de deportaciones masivas como para sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Por ello, está intentando presionar a los gobiernos estatales y locales para que adopten sus políticas preferidas a cambio de fondos muy necesarios",  declaró el fiscal general Bonta.  "La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará. Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos".

Acerca de las subvenciones 

Los fondos en juego son 150 millones de dólares anuales en fondos de seguridad pública aprobados por el Congreso, administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para ayudar a los estados y sus ciudades a prevenir, mitigar, responder y recuperarse de actos de terrorismo y otros incidentes de seguridad catastróficos. 

La mayoría de la gente desconoce el nombre oficial de este programa de financiación —el  Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP, por sus siglas en inglés)  —, pero sí sabe para qué se utiliza. California ha presentado una demanda para proteger los fondos que  respaldan las iniciativas estatales  para capacitar a los servicios de emergencia, fortalecer la ciberseguridad, mejorar las comunicaciones de emergencia, adquirir equipos esenciales y ayudar a las agencias públicas a prepararse para amenazas graves. 

El dinero destinado a garantizar la seguridad de las personas no debe convertirse en un arma política.

Las tres exigencias con motivaciones políticas de la Administración Trump

Requisitos electorales:  Los estados tendrían que adoptar las políticas electorales preferidas por Donald Trump como condición para recibir fondos del HSGP, lo que incluye verificar la ciudadanía de los votantes mediante un sistema federal propenso a errores, la transición a papeletas de voto marcadas a mano y la conciliación de votos mediante una metodología federal no definida. Los estados que no cumplan podrían perder el 20 % de sus fondos del HSGP.

Mandatos de control migratorio:  Los estados se verían obligados a destinar fondos estatales y locales, incluyendo personal y otros recursos, para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración civil. Los tribunales ya han bloqueado estas mismas condiciones.

Mecanismo de interrupción de la financiación para desastres:  Otorgar a FEMA amplia autoridad para recortar la financiación en cualquier momento basándose en "prioridades de la agencia" vagas y subjetivas, creando incertidumbre sobre los recursos de gestión de emergencias que el Congreso aprobó para apoyar a los estados y las comunidades locales.

Acerca de la demanda

La coalición de estados que interpuso la demanda argumenta que los requisitos de la administración Trump son ilegales porque el Congreso nunca otorgó al DHS ni a la FEMA autoridad para imponer condiciones tan drásticas a estas subvenciones federales, las agencias no siguieron los procedimientos de toma de decisiones requeridos y los requisitos violan la Cláusula de Gasto al coaccionar a los estados mediante condiciones de financiación vagas y ambiguas que no guardan ninguna relación con los propósitos de los programas de financiación.

Esta demanda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los intentos de interferir en la administración electoral de California. En mayo, el gobernador Newsom promulgó el Proyecto de Ley 73 del Senado para fortalecer las protecciones electorales de California, incluyendo mayores garantías en torno a las papeletas, la tecnología de votación y la interferencia de las fuerzas del orden en el proceso electoral. Estas acciones se produjeron tras los compromisos previos del gobernador Newsom y los líderes legislativos para proteger las elecciones de California de la extralimitación federal.

Éxito previo en California

California ya ha rechazado condiciones ilegales similares en el pasado. En 2025, el fiscal general Bonta demandó por las condiciones relacionadas con la inmigración que se adjuntaban a las subvenciones federales para la seguridad nacional y el transporte, argumentando que dichas condiciones no guardaban relación con el propósito de la financiación y excedían la autoridad federal. Un tribunal federal bloqueó posteriormente de forma permanente las condiciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Por otra parte, en mayo de 2026, el estado anunció la resolución satisfactoria de otra demanda interestatal sobre los recortes de última hora al HSGP después de que la Administración Trump retirara su apelación contra la orden final que resolvía de forma permanente el caso de la subvención de seguridad nacional a favor de California.

Este caso sigue el mismo principio. Los fondos federales aprobados para ayudar a las comunidades a protegerse contra el terrorismo y otras amenazas no pueden utilizarse como moneda de cambio para una agenda política. California no cederá en materia de seguridad pública, estado de derecho ni democracia.