Cumple Congreso de Baja California con Ley Daryela e inicia capacitaciones en materia de género Se consolida un paso institucional hacia la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de la función pública
MEXICALI.- En el marco del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes para visibilizar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, el Congreso del Estado de Baja California llevó a cabo la primera capacitación en materia de género dirigida a las diputaciones de la XXV Legislatura, en cumplimiento de la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado, conocida como Ley Daryela. La convocatoria fue emitida por la presidenta de la Mesa Directiva, Liliana Michel Sánchez Allende; el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Manuel Molina García; y la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso, Patricia Ochoa Valle. La capacitación fue impartida por la Unidad de Igualdad de Género del Congreso, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Baja California, con el propósito de fortalecer herramientas que permitan incorporar la perspectiva de género en los procesos legislativos y consolidar el derecho como un instrumento de transformación social y empoderamiento de las mujeres. Entre los objetivos del curso se encuentran integrar la perspectiva de género en la elaboración de iniciativas, en los procesos de dictaminación y discusión; difundir el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos de las mujeres; así como identificar y aplicar los enfoques que sustentan esta perspectiva en la normatividad. Con esta acción, el Poder Legislativo estatal refrendó su compromiso de congruencia institucional al cumplir con la propia ley que aprobó y envió el mensaje de que la formación en perspectiva de género es obligatoria para todas las personas servidoras públicas, sin distinción de cargo o jerarquía. De acuerdo con la Ley Daryela, desde el 8 de febrero de 2026 la capacitación en la materia es obligatoria para funcionariado público en la entidad. El incumplimiento puede derivar en sanciones que incluyen inhabilitación de hasta un año y la imposibilidad de acceder a promociones a cargos superiores.
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