Propone dip. Diego Echevarría destinar inmuebles usados en delitos en espacios de utilidad pública

La iniciativa también incluye la restauración o demolición de propiedades en abandono cuando generen un riesgo

Se busca fortalecer la seguridad y el bienestar social

MEXICALI.- Con el propósito de fortalecer la seguridad pública, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa que propone declarar de utilidad pública el aseguramiento de inmuebles donde se lleven a cabo actos delictivos, para que dichos bienes sean utilizados en beneficio del interés colectivo, además de permitir la demolición o restauración de propiedades abandonadas que representen un riesgo para la población.

En su exposición de motivos Diego Echevarría señaló que la concepción de utilidad pública ha evolucionado para considerar aspectos económicos, sociales, sanitarios y de seguridad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que este concepto debe alinearse con el de interés social, es decir, con acciones que mejoren las condiciones de vida de la población y atiendan problemáticas socioeconómicas y culturales.

"La reforma busca que los bienes inmuebles relacionados con actividades ilícitas no solo sean asegurados, sino que puedan destinarse a la colectividad, contribuyendo a mejorar la seguridad y recuperar espacios que hoy en día representan un foco de delincuencia", afirmó el inicialista.

Asimismo, refirió que Baja California enfrenta altos índices de incidencia delictiva, posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional, con más de siete mil delitos registrados solo en enero, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ello, subrayó la importancia de actualizar el marco normativo para dotar al Estado de herramientas más eficaces en la lucha contra la criminalidad y la protección de la seguridad pública.

La iniciativa de reforma a la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, que modifica la fracción IV del artículo 6, fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y dictaminación.