Proponen en Congreso de Baja California crear un modelo de atención integral contra el acoso escolar

Establecer un marco normativo que garantice una intervención integral que incluya atención psicológica, social, médica, jurídica y educativa.

BAJA CALIFORNIA.- Con el objeto de crear el Modelo de Atención Integral en materia de acoso escolar, como un mecanismo que coordine los esfuerzos de diversas dependencias para dar una respuesta rápida y eficiente, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar para el Estado de Baja California.

En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología, la inicialista señala que la legislación actual carece de un sistema integral que permita ofrecer una atención adecuada, efectiva y continua a las víctimas de maltrato escolar, así como a los agresores.

Al respecto, destacó que es importante contar con un marco normativo que garantice una intervención que incluya atención psicológica, social, médica, jurídica y educativa, para que las y los estudiantes que sufren acoso escolar sean derivados a distintas instancias con un seguimiento adecuado.

Por ello, señaló que resulta necesario incorporar un capítulo específico en la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar, para establecer de manera formal y detallada un Modelo de Atención Integral para realizar desde la identificación inicial del problema hasta el seguimiento de las víctimas y la intervención con los agresores, siempre bajo los principios de respeto a los derechos humanos y velando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, la diputada recalca que esta propuesta busca solventar la ausencia de un sistema unificado que permita a las autoridades educativas, sociales y de salud, actuar sin contradicciones, evitar la fragmentación de los esfuerzos y la revictimización de quienes enfrentan esta problemática. 

En ese sentido, también propone generar cambios en los patrones de convivencia en las comunidades educativas, donde las personas involucradas tengan acceso a los recursos necesarios para superar la violencia escolar y sus efectos, así como garantizar un entorno educativo que promueva el respeto, la inclusión y la paz, con lo que Baja California fortalecerá su compromiso con la protección de los derechos de los estudiantes.