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Dictamen No. 21 de la Comisión de Educación con iniciativa del diputado Manuel Guerrero es avalado por el Pleno

Se aprueba publicación de listados de centros de estudio que cuentan con validez oficial vigente

Permite a usuarios verificar su autenticidad y evitar caer en fraudes de centros particulares, sin el permiso de la autoridad educativa
Congreso de BC Archivo
10-12-2023

MEXICALI.- Con la aprobación del Dictamen No. 17 de la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, las autoridades podrían hacer público los listados de centros de estudio que cuentan con validez oficial vigente, para que la información sea conocida entre la población de la Estado, a través de diversas plataformas de difusión. 

Dicha iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Guerrero Luna, en el mes de abril del presente año y consiste en una reforma al artículo 122 de la Ley de Educación de Baja California.

En el presente dictamen, se menciona que algunas de las razones detalladas por el inicialista en su exposición de motivos, que motivan el cambio legislativo, son: en Baja California las personas visualizan un lugar donde pueden progresar laboral y profesionalmente, reconociendo que el estudio es un puente para alcanzar sus objetivos.  

Sin embargo, por la demanda de certificación de niveles educativos, principalmente por promociones laborales, existen diversos centros de estudios que captan a los interesados que el sistema educativo estatal, por efectos estructurales no puede atender. 

Aprovechándose del desconocimiento y de la necesidad de certificación de las personas, algunos centros han ofrecido servicios educativos que no tienen reconocimiento de la autoridad educativa, por lo que su trámite no tiene validez oficial, impactando patrimonial y administrativamente a los interesados. 

Por ello, se explica la necesidad de fortalecer el marco jurídico, para que las personas interesadas, puedan conocer cuáles instituciones o centros que se ostenten como oficiales, tengan realmente dicho reconocimiento. 

En conclusión, es responsabilidad del Estado, garantizar el derecho a la educación y la protección de los usuarios de los servicios educativos y resulta esencial que, las autoridades educativas de las entidades federativas publiquen y mantengan actualizados los listados de los centros educativos particulares que cuentan con validez oficial y reconocimiento, lo que permitirá a los usuarios verificar su autenticidad, y evitar caer en fraudes y engaños por parte de aquellos que se ostenten con una validez que en realidad no poseen.  

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