VIDEO.- Con Francisco Vega por la planta desaladora hubieran pagado a un privado casi 94 mil mdp, cuando con recurso público serán menos del 10 mil md Las autoridades señalaron que el modelo anterior habría generado un impacto negativo para los habitantes de Rosarito, Ensenada y Tijuana, al provocar un incremento considerable en el costo del agua.
BAJA CALIFORNIA.- En relación con el proyecto de la planta desaladora que será construida en el municipio de Playas de Rosarito, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aclaró que el financiamiento se realizará con recursos públicos, a diferencia del esquema anterior que contemplaba inversión privada, lo cual habría impactado en la tarifa del agua, situación que, aseguró, ya no ocurrirá. "Al estarse construyendo la planta con recurso federal y recurso estatal, no hay un impacto ni un estrés tarifario para los ciudadanos", dijo. Por su parte, el secretario de Hacienda estatal, Andrés Pulido, explicó que si la desaladora del quinto municipio se hubiera concretado durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid bajo el modelo previo, únicamente por concepto de infraestructura —que ahora será cubierta por el gobierno federal, mientras que la conducción y distribución estarán a cargo del gobierno estatal— a la fecha ya se habrían pagado 6 mil 767 millones de pesos a la empresa privada. Detalló que, al concluir el periodo del Bono Verde 2, se habrían destinado casi 94 mil millones de pesos a dicha compañía; en contraste, con el esquema actual, incluyendo intereses, el monto será inferior a los 10 mil millones de pesos. Las autoridades señalaron que el modelo anterior habría generado un impacto negativo para los habitantes de Rosarito, Ensenada y Tijuana, al provocar un incremento considerable en el costo del agua. "Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso el tema de hacerlo con recursos públicos o hacerlo con recursos privados", señaló. La mandataria estatal agregó que, de haberse privatizado el servicio, el agua habría dejado de considerarse un derecho para convertirse en una mercancía. En cambio, sostuvo que con el nuevo esquema se garantiza el abasto del recurso hídrico para Baja California por al menos 30 años. "Además, cuando tú privatizas el agua, pues deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. En este caso, estamos garantizando el abasto de agua para Baja California durante al menos los próximos 30 años", apuntó. En cuanto al presupuesto, reiteraron lo señalado por el director nacional de la Comisión del Agua, al precisar que el proyecto cuenta con un tope global de 10 mil millones de pesos.
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