Legisladores acusan a Cristina Fernández de dañar imagen presidencial Los diputados de la Coalición Cívica, liderada por Maximiliano Ferraro y Elisa Carrió, presentaron hoy un comunicado.
Buenos Aires, 21 Feb (Notimex).- Los diputados de la Coalición Cívica, liderada por Maximiliano Ferraro y Elisa Carrió, presentaron hoy un comunicado donde acusaron a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de orquestar un “golpe” contra el poder judicial y dañar la figura presidencial. Los legisladores acusaron a Cristina Fernández de afectar la imagen del mandatario argentino, Alberto Fernández, al promover la impunidad y obstaculizar las negociaciones “sobre cuestiones fundamentales sobre el futuro de la Argentina”, recalcó la bancada de oposición. Carrió criticó la postura de la vicepresidenta frente a la persecución de los delitos de corrupción, sobe la cual afirmó que su gestión tiene como objetivo garantizar la impunidad y erosionar el poder judicial, debido a que en los últimos meses el gobierno de Alberto y Cristina presentaron un proyecto para limitar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva para funcionarios públicos. Sobre el tema, la Coalición Cívica acusó a Cristina Fernández de priorizar medidas para reducir las penas por corrupción en lugar de definir medidas para la liberación de presos políticos. Además, acusaron al gobierno actual de destruir el programa de protección de testigos. “Estamos ante un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad, lo que ratifica que Cristina Kirchner va por todo”, denunció el bloque opositor en el Congreso de la Nación Argentina. El grupo de Coalición Cívica anunció que presentará denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntos amedrentamientos a testigos protegidos y afirmó que los cambios en el programa que les garantiza resguardo representan un golpe a favor de la impunidad. Según informaron medios argentinos, Alberto Fernández firmó el 19 de febrero el decreto por el cual se derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, organismo diseñado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri una semana antes de dejar la Casa Rosada.
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