FGE logra sentencia condenatoria de seis años de prisión por robo de vehículo con violencia

TIJUANA.- La Fiscalía Regional de Tijuana, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Emmanuel Alejandro "N", por su responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia.

De acuerdo con la investigación, el 25 de junio de 2025, aproximadamente a las 14:20 horas, el hoy sentenciado, en compañía de otra persona, se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un vehículo de motor tipo camión chasis, marca Freightliner, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación del estado de Baja California, propiedad de la empresa Bachoco S.A. de C.V.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Liga Barcelona, esquina con calle del Abeto, en la colonia Urbi Villa del Prado Segunda Sección, donde la unidad era conducida por la víctima. Para consumar el robo, los agresores utilizaron violencia física y moral, amenazándolo con un arma de fuego tipo pistola. Posteriormente, Emmanuel Alejandro "N" tomó el control del vehículo y emprendió la huida.

Tras solicitar auxilio, la víctima alertó a agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron una persecución por diversas vialidades de la ciudad, logrando asegurar al imputado. Al momento de su detención, se le encontró en posesión tanto del vehículo robado como del arma de fuego utilizada durante la comisión del delito.

Como resultado de las investigaciones y del trabajo realizado por el Ministerio Público, el 25 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, imponiéndole al acusado una pena de seis años de prisión, además de 375 días multa y el pago de la reparación del daño a favor de la parte ofendida.

La Fiscalía General del Estado, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, reafirma su compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de investigación y procuración de justicia para garantizar que quienes infringen la ley enfrenten las consecuencias de sus actos.