Detención de funcionarios y policías corruptos, paso importante para generar certidumbre: Unidos por Tijuana

TIJUANA.- Las recientes detenciones realizadas por autoridades federales y estatales contra funcionarios públicos y policías señalados por actos de corrupción representan un paso importante para generar certidumbre afirmó José Antonio Serratos García presidente del Grupo Unidos por Tijuana.

Ahorita tenemos un mensaje que nos están mandando de seguridad tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Hay que felicitar a García Harfuch por las nuevas acciones que está tomando a nivel nacional y las detenciones y los operativos que hizo en el municipio de Tequila, Jalisco. Hay que solicitarle que siga ejerciendo esos operativos de Tequila, que yo lo denomino la ley Tequila, en otros municipios de todo México porque se necesita. 

Destacó los operativos encabezados por autoridades federales en distintos estados del país, los cuales consideró necesarios para reforzar la confianza pública y demostrar que existen consecuencias cuando se detectan irregularidades dentro del servicio público.

Asimismo, reconoció las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California contra elementos policiales municipales, las cuales derivaron en detenciones tras acreditarse presuntas conductas indebidas.

Hoy nos enteramos con agrado que hubo una detención en Morelos de la síndica de allá y de algunos funcionarios en en un municipio y pues es un agrado que las autoridades estén procediendo cuando encuentran irregularidades. También felicitar a la fiscal general de justicia de Baja California, la doctora María Elena Andrade, porque eh recientemente hizo unas investigaciones contra policías municipales y pues resultó que les encontraron evidencia para proceder en contra de ellos, ¿no? Entonces, nuestras instituciones de seguridad están actuando de manera correcta y están transmitiendo esa paz de alguna manera a los ciudadanos en en en nuestro estado para bien.

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Apuntó que este tipo de acciones contribuye a recuperar la credibilidad en las corporaciones de seguridad, al evidenciar que las autoridades están dispuestas a actuar incluso contra integrantes de sus propias instituciones.

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