Juez de BC considera positivo el debate sobre fincar responsabilidades a autoridades por omisiones que afecten a ciudadanos

TIJUANA.- La iniciativa impulsada por el Colegio Emilio Rabasa para analizar la indemnización a ciudadanos afectados por un corte de agua que se prolongó más de lo anunciado abrió el debate sobre la necesidad de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.

El planteamiento, aseguró, pone sobre la mesa que las fallas en servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, generan afectaciones económicas directas a las familias, lo que justificaría mecanismos legales para exigir reparación del daño.

El juez de control en materia penal, José Rivas, consideró positiva la propuesta al señalar que resulta jurídicamente viable fincar responsabilidad al Estado por omisiones que deriven en daños a los ciudadanos.

Expuso que este tipo de esquemas aplicaría no solo a cortes de agua, sino también a casos como accidentes provocados por baches u otras deficiencias en infraestructura pública, aunque reconoció que son leyes poco difundidas por implicar exigencias directas a la autoridad.

De acuerdo con lo expuesto en el análisis del colegio, se estimó un monto cercano a los 900 pesos por ciudadano, considerando los días sin servicio y el derecho humano al acceso al agua reconocido en la Constitución y por la Organización Mundial de la Salud.

Recordó que existen precedentes en el Estado de México, donde colonias promovieron un amparo colectivo y lograron que se ordenara el suministro gratuito de agua, lo que refuerza la discusión sobre legislar para proteger a las familias ante fallas prolongadas en servicios básicos.