TIJUANA.- El Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, condenamos de manera enérgica, categórica e inaceptable los hechos registrados en nuestra ciudad, donde elementos de la Guardia Nacional han perpetrado un allanamiento en un domicilio particular, incurriendo además en la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa, robo, daños en propiedad, agresiones, intimidaciones, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones entre otras agravantes bajo la simulación de un supuesto cateo. Lo ocurrido no es un "incidente menor": se trata de un acto gravísimo que representa una violación directa a la Constitución, el aestado de derecho, a la propiedad privada, así como a los derechos humanos y a las mínimas garantías de seguridad jurídica que todo ciudadano merece. Es inadmisible que corporaciones creadas para proteger a la población se conviertan en instrumentos de miedo, atropello y violencia institucional. Este caso confirma, una vez más, lo que desde la sociedad civil hemos advertido reiteradamente: la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas en las instituciones de seguridad, precisamente para frenar excesos, abusos y prácticas delictivas. No puede normalizarse que bajo la portación de uniforme se encubran actos de intimidación, saqueo y arbitrariedad contra familias trabajadoras y honestas. Ninguna autoridad está por encima de la ley. Ninguna corporación puede operar con impunidad. Exigimos una investigación inmediata, transparente y con consecuencias reales. Los responsables deben ser identificados, procesados y sancionados con todo el peso de la ley. Tijuana no necesita más abusos disfrazados de operativos: necesita instituciones confiables, legales, sujetas a control y supervisión ciudadana. "La seguridad no se construye con atropellos. La legalidad no es opcional. Los Tijuanenses merecemos paz y respeto de nuestras autoridades."
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