Hay fricción con las fuerzas armadas por actuar de Bonilla, afirman
Por: Octavio Fabela
TIJUANA.- Debido a circunstancias provocadas desde el ejecutivo estatal, como el asunto del aeropuerto de Tijuana o el de la caseta de Playas, la relación entre las fuerzas armadas y el gobierno de la ciudad está "friccionada" , admitió el presidente municipal, Arturo González Cruz.
El munícipe agregó que no es algo que no pueda resolverse a través del diálogo que se mantiene con el general, Pablo Alberto Lechuga Horta, comandante de la Segunda Zona Militar.
"Hoy voy a comer con el general Lechuga, uno de los temas es precisamente cómo vamos a reconstruir esa buena relación que siempre hemos tenido, pero que se friccionó a raíz de algunas circunstancias que se presentaron como la del aeropuerto y la cuestión de la caseta un poco las relaciones personales", expresó.
El alcalde de Tijuana continuó "pero eso se va a componer, íbamos a acordar precisamente una nueva forma de trabajar".
Cabe recordar que, las Fuerzas Armadas Federales encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, acudieron por orden del secretario de Comunicaciones (SCT) a la caseta de cobro de Playas de Tijuana para recuperar las instalaciones a las 03:00 horas del jueves 9 de julio y 15 minutos después los cobros fueron reanudados, luego que horas antes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aplicara un supuesto decreto, mismo que rayó en ilícito y violatorio a la Constitución Mexicana y otras leyes.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) aclaró mediante un comunicado que el acto del ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez “viola la Constitución”.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) consideran que el mencionado decreto viola Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas”, dice el documento.
Con la participación de más de 160 elementos de las Fuerzas Armadas y 30 vehículos artillados se reintegró la operación a Capufe, en un mega operativo que tuvo por objetivo retirar al personal del Gobierno del Estado y de la Fiscalía local, que horas antes habían cancelado la concesión de Caminos y Puentes Federales mediante un decreto sin validez.
En el operativo, el personal de la Fiscalía del Estado y de la Guardia Estatal fue advertido que de no retirarse se pondrían a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin actos violentos y mediante el dialogo, personal del gobierno del Estado, de la Fiscalía y la Guardia Estatal, se retiraron del luego por petición de las Fuerzas Armadas.
Los Ministerios Públicos Federales estuvieron listos para recibir a cualquier persona que fuera consignada en caso de que se impidiera su restitución.
“El propósito de la acción es mantener el estado de derecho en el país y garantizar que las instituciones del Estado Mexicano velarán en todo momento por la paz social y el respeto a la constitución”, expresó la autoridad federal.
Cabe mencionar que, el pasado 7 de julio el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernandez, decidieron hacer un acto protocolario sin competencia legal de cancelación de la caseta; horas después publicaron un decreto y pese a que entraba en vigor el 8 de este mes, ya habían causado la irrupción a dicha caseta.
El decreto se consideró una invasión a la competencia federal, un acto contrario a la Constitución y un atentado a las instituciones.
El miércoles por la noche, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) advirtió en un comunicado que aplicaría el Estado de derecho.
Con esto, explicaron expertos, se manda una señal a los mexicanos que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que las Fuerzas Federales están al servicio de México para hacer prevalecer el estado de derecho.
El decreto emitido por el gobierno estatal, junto con los videos de sus acciones, serán analizados por las autoridades competentes de la FGR para deslindar responsabilidades en la comisión de los delitos que son perseguidos de oficio en materia de comunicaciones.