VIDEO: Buscan un Estado autoritario con caso Campestre, opinan
- Reiteran que la expropiación del Campestre no avanzará.
TIJUANA.- El intento del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de expropiar los terrenos del Club Campestre de Tijuana, es el principio del inicio de un Estado autoritario, señaló Roberto Quijano, actual titular de la Comisión Laboral de la Coparmex.
Lo anterior, trascendió esta mañana de lunes 19 de abril durante una rueda de prensa con los miembros del Club Campestre de Tijuana.
Por su parte, el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, aseguró que existen todos los argumentos legales para ganar el caso del Campestre ante el Tribunal Judicial de la Federación, por lo que no se podrá expropiar.
El presidente del Club Campestre de Tijuana, Mario Gastón Toledo Castillo, comentó que son 800 los socios del club y unas 300 familias a las que se les da empleo.
Por último, dijo que el caso del Campestre llegará hasta las últimas consecuencias porque no se puede expropiar la propiedad privada.
En el Periódico Oficial del Estado de Baja California con fecha del 13 de abril de 2021, quedó publicada la declaratoria de utilidad pública del lote de terreno localizado en el bulevar Agua Caliente número 11311 fraccionamiento Agua caliente en la ciudad de Tijuana, Baja California, identificado con la clave catastral AC-017-000 para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre.
Expropiación sin justificación legal ni constitucional: Solís
El gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, no puede desposeer del inmueble del Campestre a sus socios, tampoco tomar las instalaciones, ni puede llevar a cabo una expropiación fuera de procedimiento, dado que hay varios juicios de amparo en los que se obliga a la autoridad estatal a mantener las cosas como están, explicó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.
Indicó que los miembros del Club Campestre desde hace tiempo desplegaron una serie de acciones legales para proteger los intereses de sus socios y los propios jueces federales han obligado a la autoridad del Estado a que no manipule las partidas registrales como lo hicieron en la declaratoria publicada hace unos días.
"Y aunque estaban obligados a no cambiar, a no manipular, a no eliminar esos derechos de propiedad del Campestre, en su declaratoria no les importó y por tanto, dicha violación se hará valer ante los tribunales y la autoridad deberá asumir todas las consecuencias legales penales que correspondan" expresó.
Tras la declaratoria del gobernador Bonilla Valdez sobre el Club Campestre, el fiscalista recalcó "esta declaratoria no tiene ninguna justificación legal ni constitucional, la hemos analizado y hemos encontrado vicios suficientes para que el Poder Judicial de la Federación garantice la propiedad de los miembros del dicho Club".
Por último, Solís pidió mantener la calma dado que "la defensa legal apenas empieza".
Intención de expropiar Campestre no prosperará, explica Fiscalista
- Sin sustento legal para expropiar el Campestre, indica experto.
- La expropiación del Club Campestre sería una afrenta directa de la actual administración estatal contra el Estado Derecho, la propiedad privada, la libre asociación y los derechos humanos, advierten expertos.
- El mensaje que lanza el gobierno con el tema del Campestre generara desconfianza e incertidumbre para las inversiones; esa percepción de arbitrariedad resulta negativa para desarrollo económico de la entidad.
- Aún así, advierten especialistas, la intención no va a prosperar.
Por: Octavio Fabela
La expropiación del Club Campestre anunciado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la declaratoria de utilidad publicada el día de hoy en el Periódico Oficial del Estado es una afrenta directa contra el Estado Derecho y la propiedad privada.
El primer compromiso de todo gobierno debe ser el respeto irrestricto a los derechos humanos y uno de estos derechos es el de libre asociación y el derecho a la propiedad, explicó fiscalista, Omar Contreras Borbón.
Señaló que el mensaje que lanza el gobierno del Estado es erróneo porque lejos de generar confianza y certidumbre para las inversiones, se genera la percepción de arbitrariedad en las decisiones gubernamentales. Es sin duda una mala noticia para el desarrollo económico de la entidad. La intención no va a prosperar.
"El mensaje que se envía a la comunidad nacional e internacional es preocupante, donde no existe seguridad jurídica no hay condiciones para la inversión, este acto es preocupante porque rompe el derecho sobre la propiedad privada, lo que afecta a Baja California y a México en lo económico, pues los inversionistas tienen aversión al riesgo", expresó.
Opinó que es evidente que constitucionalmente las intenciones de expropiación se desvanecen, no tiene sustento legal, la causa de utilidad pública que propone es una arbitrariedad, no se cumplen los requisitos legales y mucho menos se ha propuesto el mecanismo para la indemnización de los propietarios del inmueble.
"Los considerandos 17 y 18 de la Declaratoria de Utilidad Pública establece que Tijuana no cuenta con áreas verdes para su esparcimiento; sin embargo, solo en la Delegación Centro de la Ciudad de Tijuana existen 22 parques habilitados y funcionando, por lo tanto, la acción no es proporcional", sostuvo.
Por último, dijo que la defensa jurídica por parte del Club Campestre y también de los asociados, tiene viabilidad, al estar violentando el derecho estipulado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " la expropiación resulta ilegal, no existe una justificación de uso público del predio ni una indemnización a los afectados".