Cámaras, camionetas y likes: la pornomiseria digital que Tijuana discute en sus calles
- Códigos de ética nacionales e internacionales establecen límites que, según activistas, no siempre se cumplen en la frontera.
TIJUANA. — El término "pornomiseria" volvió a circular en redes sociales de Baja California a raíz de videos donde asociaciones civiles y creadores de contenido documentan intervenciones con personas en situación de calle, personas con adicciones o comunidades vulnerables.
El concepto, acuñado en el cine colombiano de los años setenta, se aplica hoy a prácticas digitales que combinan asistencia social con producción de contenido para plataformas como TikTok, Facebook e Instagram.
Origen del término.
La palabra surgió en 1977 con la película Agarrando pueblo, de los cineastas colombianos Luis Ospina y Carlos Mayolo, un falso documental que cuestionaba a realizadores latinoamericanos que filmaban escenas de pobreza como producto exportable para festivales internacionales.
Con los años, el concepto se tradujo al inglés como poverty porn y se extendió a series, reportajes y, más recientemente, al contenido de redes sociales.
Especialistas describen la pornomiseria como la representación de la pobreza sin análisis de sus causas, orientada al consumo emocional del espectador y no a la denuncia o la transformación de esas condiciones.
En su versión digital, el fenómeno se asocia a videos de creadores de contenido que entregan dinero, comida o ayuda material a personas de escasos recursos y difunden el momento sin resguardar la identidad ni el consentimiento de quienes reciben la ayuda.
El caso de Tijuana: intervenciones filmadas para redes sociales.
En Tijuana opera desde hace algunos años un grupo de corte religioso, vinculado a un centro de rehabilitación de adicciones, que recorre la ciudad a bordo de vehículos rotulados con torretas y sirenas para ubicar a personas en situación de calle.
A quienes intervienen, sus integrantes les asignan un apodo relacionado con un objeto de colección de la infancia, aludiendo a la posibilidad de que esas personas "recuperen su valor".
Las intervenciones se graban en video y se difunden en cuentas que, de acuerdo con reportes periodísticos, acumulan más de 5.5 millones de seguidores en distintas plataformas.
La organización ha sido señalada por presuntamente trasladar a personas contra su voluntad.
En mayo de 2026, un caso relacionado con una mujer transgénero motivó la intervención de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, que inició una revisión sobre las asociaciones civiles que reciben recursos del ayuntamiento.
Activistas y colectivos LGBTQ+ señalaron que el operativo incluyó cortes de cabello y cambio de vestimenta sin consentimiento, y solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado abrir investigaciones por privación de la libertad y por posibles prácticas de terapia de conversión, prohibidas por el código penal de Baja California.
La directora de un centro comunitario de atención a la comunidad trans en la ciudad planteó abrir un diálogo con la organización señalada para garantizar un trato apegado a los derechos de identidad de género de las personas intervenidas.
Por su parte, la Sindicatura confirmó que dará seguimiento a la aplicación de la normativa vigente por parte de las asociaciones civiles beneficiadas con recursos municipales.
Registros periodísticos indican que la agrupación firmó en diciembre de 2023 un convenio de difusión con una instancia municipal dedicada a la atención de adicciones, aunque en sus reportes ante instancias correspondientes no declaró haber recibido aportaciones pese a operar con donativos de vehículos y terrenos.
Lo que establecen los códigos de ética.
Distintos códigos de ética para organizaciones civiles y de voluntariado en español coinciden en principios sobre el manejo de la imagen y la dignidad de las personas beneficiarias. El Código Ético de las Organizaciones de Voluntariado señala que la acción social debe basarse en "el respeto absoluto a la dignidad de la persona", lo que implica actuar contra cualquier forma de "degradación, manipulación o exclusión" de quienes reciben apoyo.
El Código-Guía sobre Ética y Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España, adoptado por más de tres mil organizaciones, establece entre los deberes de la persona voluntaria "reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal de los beneficiarios" y mantener "confidencialidad y discreción en el uso de los datos relativos a los beneficiarios", además de "crear un clima de respeto mutuo, evitando posturas paternalistas".
Sobre el uso de imágenes con fines de comunicación o recaudación, el código ético de la Fundación Familias Unidas indica que "todas las personas son presentadas con la dignidad que les corresponde" y que se deben evitar "mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas o discriminatorias", así como contenidos que "expresen superioridad" de quien ayuda sobre quien recibe la ayuda.
En materia de protección a la niñez y personas adultas en situación vulnerable, la Política de Salvaguarda de World Vision México establece que las imágenes deben representar el contexto y los hechos con veracidad, que las personas sean tratadas "con dignidad y no como víctimas indefensas" y que se recabe consentimiento informado para el uso de su imagen, con la posibilidad de retirar dicha autorización "en cualquier tiempo y por cualquier motivo".
En México, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), organismo que agrupa a más de 1,500 organizaciones y otorga el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, condiciona su acreditación a que las instituciones cuenten con un código de ética o de conducta formal, como parte de sus criterios de transparencia y rendición de cuentas.
El debate en curso.
El caso descrito llevó a una autoridad municipal de Mexicali a señalar que la organización involucrada no cuenta con permisos para operar en esa ciudad y que se convocaría a una reunión con distintas instancias para definir su situación.
En Tijuana, la Sindicatura Procuradora mantiene revisiones sobre las asociaciones civiles beneficiadas con recursos del ayuntamiento, con el objetivo declarado de que los proyectos financiados generen un impacto positivo sin vulnerar derechos humanos.
El debate sobre la pornomiseria digital en Tijuana coincide con un contexto más amplio: la ciudad registra, según cifras citadas en reportes periodísticos, alrededor de seis mil personas en situación de calle, población que se ha convertido en protagonista recurrente de contenido viral en redes sociales locales.