El fracaso del Insabi

Manuel Valenzuela V.

El voluntarismo, los caprichos y los desplantes revanchistas suelen ser muy efectivos en política porque encienden pasiones y ganan votos, pero, desafortunadamente, no son útiles para realizar un buen gobierno. Esto acaba de comprobarse con la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (InsabiI) decretada por la Cámara de Diputados y recién aprobada en el Senado.

El Insabi fue la institución insignia de la administración del presidente López Obrador en materia de salud. Se le encomendó la tarea de atender a los millones de mexicanos que carecen de protección en materia de atención médica en el país. Nació en abril de 2019, inició operaciones en enero de 2020 y murió en abril de 2023. Su fallecimiento expresa el primer gran fracaso reconocido de la 4T. Vendrán otros a la hora de los balances.

El Insabi sustituyó al Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox, que según la muletilla oficial "ni era seguro, ni era popular", pero que daba servicio a entre 54 y 58 millones de mexicanos (las fuentes varían) en el momento que fue eliminado por la actual administración. 

El Seguro Popular fue una política pública para atender a las personas sin empleo y trabajadores por cuenta propia que no eran derechohabientes de ninguna institución. Fue diseñado por el Dr. Julio Frenk, secretario de Salud durante la administración de Fox, y creado en el año de 2004. Se trató de un seguro voluntario, gratis para las personas con niveles de ingreso ubicados en los cuatro deciles más pobres de la población, y de pago de cuotas anuales reducidas para los siguientes niveles. Por ejemplo: para los niveles de ingreso de los deciles V y VI la cuota era de 2 mil 75 pesos anuales. Los servicios de atención médica se ofrecían en los centros de salud y hospitales de las localidades, así como en las instituciones de salud que formaban parte de la Red de Servicios del Seguro Popular. Cubría consultas, hospitalización y medicinas relacionadas con mil 400 enfermedades. Era financiado por las cuotas y con recursos federales asignados a la Secretaría de Salud y de ahí transferidos a los gobiernos de los estados. 

Junto al Seguro Popular funcionaba el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que garantizaba los medicamentos para los niños con cáncer. Este fondo también fue cancelado junto al Seguro Popular y los más de 100 millones de pesos con los que contaba fueron reasignados a un fideicomiso ligado al Insabi que también desapareció, pero los medicamentos dejaron de entregarse a los niños.  

Se argumentó en el momento de su disolución que el Seguro Popular enfrentaba problemas de corrupción, principalmente en los estados ya que los recursos federales transferidos a la cuenta única de éstos no siempre llegaban a las instituciones de salud. El gobierno, como lo hizo en muchos otros casos, en lugar de atender los problemas específicos de corrupción, procedió a eliminar el Seguro Popular y, en su lugar creó el Insabi.

Este organismo empezó a operar en enero de 2020, pero en la transición abandonó a los millones de personas que estaban afiliadas al Seguro Popular. Al no haber una idea clara del tipo de organismo que se necesitaba conformar ni una estrategia ordenada de instrumentación del Insabi, empezando porque el presidente de la República colocó al frente de esa institución a un arqueólogo que nada sabía de la administración de instituciones de salud, la política en materia de salud se convirtió en un desastre. 

En esas condiciones llegó la pandemia del COVID-19 y se combinó con la política de austeridad, que recortó recursos en lugar de aumentarlos a las instituciones de salud, para dar como resultado el desastre que vivimos, y seguimos padeciendo, en materia de salud. ¿Cuántos de los 340 mil muertos por COVID-19 oficialmente reconocidos, o los más de 700 mil estimados, pudieron haberse evitado de haber contado el país con un sistema de salud sólido y un gobierno sensible y proactivo para proporcionar los recursos necesarios a las instituciones de salud durante la pandemia?  Nunca lo sabremos, pero ciertamente estuvimos -y estamos- en el peor de los mundos. 

Ahora se reconoce que el INSABI no funcionó y por eso se procedió a clausurarlo y pasar sus funciones y recursos al IMSS-Bienestar. La institución hoy extinta fue incapaz de atender a los pacientes que solicitaron sus servicios, tampoco pudo destrabar el problema -que ellos mismos crearon- para comprar medicinas, especialmente la de los niños con cáncer. Ahora se dice que el IMSS-Bienestar lo hará mejor. Probablemente así sea, pero los niños y adultos que murieron por el desorden, la improvisación, la incapacidad y la corrupción, ya no podrán escucharlos.

A estas fechas es ya muy claro que la política en materia de salud de la auto llamada 4T es un fracaso. Imposible ignorarlo cuando el gobierno mismo ordena que desaparezca la institución que creó para que México tuviera un sistema de salud "como el de Dinamarca". Actualmente más de 60 millones de mexicanos carecen de servicios de salud, los hospitales siguen sin tener muchos de los medicamentos y los niños se siguen muriendo de cáncer y otras enfermedades porque este gobierno fue incapaz de atenderlos. 

Hoy, en el otoño del sexenio de López Obrador, estamos comprobando que la ideología no resuelve los problemas y los caprichos revanchistas menos. Un buen gobierno puede ser de cualquier signo ideológico, pero debe entre otras cosas ser racional, recurrir a mejores cuadros para diseñar y dirigir las políticas públicas nacionales; debe ser transparente en el uso de los recursos y contar con una administración sensible y altamente profesional en lugar de rodearse de incondicionales incapaces. Lo demás es demagogia.