Baja California: el Estado que lidera y el Estado que duele

"Gobernar es resolver lo urgente sin olvidar lo importante."— Simón Bolívar

Hay dos Bajas Californias que coexisten en el mismo territorio sin que ningún boletín de prensa logre reconciliarlas del todo. La primera es la que aparece en los titulares de esta semana: el estado número uno en generación de empleo formal en México durante el primer semestre de 2026, con 76 mil 48 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS entre enero y junio, para llegar a un millón 70 mil 951 trabajadores asegurados, cifra histórica que supera a cualquier entidad del norte del país y a economías de mayor trayectoria como Jalisco o el Bajío. La segunda es la que vive el ciudadano de a pie en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en San Quintín: el estado que ocupa el quinto lugar entre los menos pacíficos del país según el Índice de Paz México 2026 del Institute for Economics and Peace, el séptimo lugar nacional en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, y que concentra en su territorio el principal campo de batalla del conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el 55 por ciento de sus muertes relacionadas concentradas en esta entidad. Ambas son Baja California. Y entender las dos al mismo tiempo es la única manera honesta de hablar de este estado.

Antes de hablar del presente, conviene recordar de dónde viene este estado, porque la memoria corta es el instrumento favorito del oportunismo político de todos los colores. Baja California tiene una historia gubernamental que no empezó con la administración actual. El PAN gobernó el estado durante 30 años consecutivos — de 1989 a 2019 — y su legado es una mezcla de avances reales en institucionalidad democrática con rezagos estructurales que se acumularon durante tres décadas: una infraestructura de salud insuficiente para una entidad de más de cuatro millones de habitantes, una planeación urbana que permitió el crecimiento desordenado de ciudades como Tijuana con colonias sin servicios básicos completos, y una economía que creció en número de empresas maquiladoras pero no siempre en calidad de vida para los trabajadores que las sostenían. Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista, entregó en 2019 un estado con deudas pendientes en agua, movilidad y seguridad que ningún discurso de alternancia pudo ocultar. Jaime Bonilla Valdovinos gobernó de 2019 a 2021 en medio de la controversia constitucional de la ampliación de su mandato y de la pandemia que paralizó la economía fronteriza. El estado llegó a la administración actual cargando décadas de rezago acumulado en sectores que no se construyen ni se derrumban en un sexenio.

Antes de hablar del presente, conviene recordar de dónde viene este estado, porque la memoria corta es el instrumento favorito del oportunismo político de todos los colores. Baja California tiene una historia gubernamental que no empezó con la administración actual. El PAN gobernó el estado durante 30 años consecutivos — de 1989 a 2019 — y su legado es una mezcla de avances reales en institucionalidad democrática con rezagos estructurales que se acumularon durante tres décadas: una infraestructura de salud insuficiente para una entidad de más de cuatro millones de habitantes, una planeación urbana que permitió el crecimiento desordenado de ciudades como Tijuana con colonias sin servicios básicos completos, y una economía que creció en número de empresas maquiladoras pero no siempre en calidad de vida para los trabajadores que las sostenían. Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista, entregó en 2019 un estado con deudas pendientes en agua, movilidad y seguridad que ningún discurso de alternancia pudo ocultar. Jaime Bonilla Valdovinos gobernó de 2019 a 2021 en medio de la controversia constitucional de la ampliación de su mandato y de la pandemia que paralizó la economía fronteriza. El estado llegó a la administración actual cargando décadas de rezago acumulado en sectores que no se construyen ni se derrumban en un sexenio.

Ese contexto importa porque sin él cualquier evaluación del presente es deshonesta en cualquier dirección. Reconocer los avances no implica ignorar los pendientes. Señalar los pendientes no implica negar los avances. Esa ecuación simple es la que el debate político binario de este país rara vez se permite.

En materia económica y de empleo, los números de Baja California en 2026 son objetivamente sólidos. Baja California se colocó como la entidad federativa con mayor generación de empleo formal en el país durante el primer semestre de 2026, sumando 76 mil 48 trabajadores asegurados ante el IMSS entre diciembre de 2025 y junio de 2026, alcanzando un total de un millón 70 mil 951 trabajadores asegurados en junio. Tijuana aportó 42 mil 589 de esos empleos y Mexicali 31 mil 154, consolidando a ambas ciudades como los motores económicos del estado. Las exportaciones de Baja California en febrero de 2026 alcanzaron los 5 mil 47 millones de dólares, con una balanza comercial neta positiva de 859 millones. La posición número 14 en actividad económica nacional, según el INEGI, refleja una entidad que produce pero que todavía no ha logrado que esa producción se distribuya con la amplitud que su potencial territorial y su posición geográfica permitirían.

El punto más luminoso en el mapa de avances recientes es la infraestructura de salud. En su tercer informe de resultados, el gobierno estatal documentó inversiones en nuevos hospitales y clínicas en zonas históricamente rezagadas: el Hospital General de la Zona Este que beneficia a Tijuana y Tecate, el Hospital Comunitario en San Felipe — zona que por décadas careció de infraestructura hospitalaria adecuada — y cinco Clínicas del Bienestar en Tijuana, Mexicali y Ensenada que ofrecen consultas, servicios dentales, laboratorio y estudios especializados de manera gratuita. La federación destinó a la salud pública de Baja California recursos presupuestarios por más de 302 millones de pesos mediante convenio específico publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2026. Son avances que merecen reconocerse como lo que son: el inicio de una atención a una deuda que tiene décadas de antigüedad.

Pero el pendiente más urgente de Baja California en 2026 sigue siendo la seguridad, y los datos no permiten suavizarlo. El Índice de Paz México 2026 ubicó a Baja California como el quinto estado menos pacífico del país, con una calificación de 3.712 cuando el estado más pacífico, Yucatán, tiene un puntaje de 1.279. Baja California ocupa el lugar siete de 32 en relación con la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, con dos mil 225 casos registrados durante 2025, y con dos de sus principales ciudades — Tijuana y Mexicali — en el listado de poblaciones prioritarias en la agenda de seguridad pública nacional. El impacto económico de la inseguridad en Baja California se estima en 46 mil 90 pesos por persona, equivalente a 179 mil 800 millones de pesos del total estatal, cifra que representa entre el 15 y el 20 por ciento del PIB estatal — dinero que no se invierte en educación, en agua, en infraestructura vial porque se consume en el costo de vivir con miedo. Hay, sin embargo, un dato que el debate no siempre menciona: el gobierno estatal reportó entre octubre de 2024 y mayo de 2026 una disminución del 42 por ciento en homicidios dolosos y del 39 por ciento en delitos de alto impacto, con la percepción de inseguridad reduciéndose de 76.9 por ciento en diciembre de 2025 a 73.8 por ciento en marzo de 2026. La tendencia apunta en la dirección correcta. El punto de partida sigue siendo inaceptablemente alto.

En infraestructura urbana, el rezago histórico de Baja California se hace sentir con más fuerza en los municipios periféricos y en las colonias más alejadas de los centros de inversión. En San Quintín persisten las exigencias ciudadanas de agua potable, electrificación e infraestructura hospitalaria que llevan años sin resolverse del todo. En Tijuana, la CESPT interviene con inversiones millonarias para rehabilitar redes sanitarias envejecidas en la Francisco Villa y la Zona Este — colonias que reciben agua por tandeo y cuyos caños rotos llevan décadas en espera. El crecimiento urbano desordenado que caracterizó a Tijuana durante los años de auge maquilador de los noventa dejó asentamientos sin servicios que ninguna administración ha podido regularizar completamente. El agua es la deuda más vieja y más dolorosa del estado: Tijuana crece a un ritmo que su infraestructura hidráulica no puede seguir, y la solución estructural — ampliar la capacidad de conducción del Acueducto Río Colorado — es una obra de inversión federal que requiere voluntad política que va más allá de cualquier administración estatal.

Hay también un capítulo que ningún análisis responsable de Baja California puede ignorar en este momento, aunque se aborde con la neutralidad que el tema exige. Los audios filtrados que registran conversaciones entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y presuntos interlocutores de agencias estadounidenses de inteligencia generaron una crisis política que todavía no se ha resuelto institucionalmente. La gobernadora reconoció la veracidad de los audios y se declaró tranquila. Las investigaciones siguen su curso. Lo que el episodio reveló — independientemente de su desenlace jurídico — es la complejidad de gobernar un estado fronterizo donde las presiones de la geopolítica bilateral, el crimen organizado y la política interna convergen simultáneamente sobre el escritorio del ejecutivo estatal. Gobernar Baja California en 2026 no es gobernar Tabasco ni Yucatán. Es operar en el territorio más estratégico y más vigilado de América del Norte, con una frontera que mueve 300 mil personas diarias y donde los intereses de dos naciones soberanas se cruzan sin pedir permiso.

La pregunta que Baja California debe hacerse, más allá de la coyuntura política de cualquier semana, es si el ritmo de avance en empleo, salud e infraestructura es proporcional al potencial que el estado tiene y a las necesidades que sus cuatro millones de habitantes enfrentan cotidianamente. Ser el primer estado en generación de empleo formal es un logro real. Que ese empleo se concentre en Tijuana y Mexicali mientras San Quintín sigue pidiendo agua y hospitales es una asignatura pendiente que los números del IMSS no resuelven solos. Tener avances en seguridad es un dato verificable. Seguir siendo el quinto estado menos pacífico del país es una realidad que ningún boletín de prensa puede suavizar.

Baja California tiene todo lo que un estado necesita para ser una potencia regional: posición geográfica privilegiada, industria consolidada, talento humano diverso y la frontera más dinámica del continente. Lo que le falta no es potencial. Es que ese potencial llegue de manera más equitativa a las colonias que todavía esperan agua limpia, a los municipios que todavía no tienen hospital, y a los ciudadanos que todavía sienten que vivir con seguridad es un privilegio y no un derecho. Esa brecha entre lo que Baja California produce y lo que Baja California distribuye es la agenda más honesta que cualquier gobierno de cualquier partido tendría que adoptar como prioridad.

Un estado que lidera en empleo pero que ocupa el quinto lugar en inseguridad no ha terminado de resolver la ecuación más importante: que crecer en números sea crecer en calidad de vida para todos.