La trampa de la institucionalidad

Manuel Valenzuela V.

A un año y poco más de tres meses de que concluya la presente administración, y a menos del año de que se realicen las elecciones, estamos ya completamente imbuidos en las precampañas electorales de Morena, sin reparar en que, de acuerdo con la ley, aún no llegan los tiempos de las precampañas. Lo que sucederá en los próximos meses, hasta antes de la tercera semana de noviembre, que es cuando formalmente empiezan las precampañas, constituye un verdadero reto a la institucionalidad y una prueba de fuego al nuevo INE y al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. 

Conscientes de esa gran responsabilidad, el Consejo General del INE ha hecho un llamado explícito a las corcholatas de Morena para no incurrir en actos anticipados de campaña o de precampaña en los recorridos que iniciarán por el país este lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto. Ha advertido que no pueden hacer llamados explícitos al voto, tampoco dar a conocer sus propuestas de gobierno ni promover la plataforma electoral de Morena, lo mismo que promoverse en comerciales de radio o televisión. Es decir, deber ser meramente reuniones informativas con militantes de Morena.

Sin embargo, lo que observamos los ciudadanos comunes y corrientes es que muchas ciudades del país están llenas de propaganda de las corcholatas, eso sí disfrazadas de anuncios de revistas de diverso tipo en las que exhiben al personaje en su portada. También es evidente que se está tratando de sacarle la vuelta a ley llamándole a este proceso campaña para elegir al "coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación" y que no es propiamente para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República, cuando todos sabemos que si lo son. 

No sé si el presidente y los dirigentes de Morena pensarán que los ciudadanos son tontos o simplemente que a ellos la legalidad no les importa, pero lo cierto es que estamos ante lo que yo llamaría "la trampa de la institucionalidad". Las corcholatas han estado y seguirán haciendo lo que la ley les prohíbe en un proceso muy claro de simulación y violación del marco legal establecido.

Podría tal vez argumentarse, como algunos de hecho hoy lo hacen, de que la ley es muy restrictiva y que, en cierto sentido, puede ser violatoria de la libertad de expresión, pero fue precisamente la ley que los que hoy son gobierno y otros que continúan en la oposición propusieron para limitar el apoyo del gobierno a los candidatos de su partido, y para acotar los tiempos de los procesos electorales con el propósito de afectar lo menos posible las funciones de gobierno. Lo que sucede es que Morena ahora es gobierno y, desde esa óptica, las cosas al parecer se ven diferentes.

Cuando el presidente López Obrador abrió tempranamente la lucha electoral al inicio de la segunda parte de su administración, no evaluó ni previó las consecuencias que esto traería considerando las restricciones de la nueva ley electoral. Con su mentalidad de campaña permanente, trató de poner la atención de la prensa en los personajes que él señaló como posibles continuadores de su proyecto transformador para ponerlos un paso al frente de la oposición y, efectivamente, ellos fueron elevando su nivel de conocimiento por la sociedad y las simpatías algunos de ellos. 

Lo anterior, sumado al método de encuestas oficializado como la vía de seleccionar a sus candidatos a los puestos principales de elección popular, explican los resultados de las encuestas de popularidad que hoy vemos en las corcholatas, en las que están muy por encima de personajes de la oposición que no ha iniciado ningún proceso propio, en parte porque no son los tiempos que marca la ley.

Otra de las consecuencias de la carrera presidencial adelantada es que el gabinete federal se le desmantelará antes de tiempo, cuando aún quedan más de 15 meses para que concluya la administración. Han renunciado ya no solo los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores, lo mismo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el coordinador del Senado, que son corcholatas oficiales, sino que los han seguido y seguirán haciéndolo algunos subsecretarios y responsables de cargos de menor nivel, con el propósito de integrarse a los equipos de campaña. Otros lo harán más tarde para competir por puestos de elección popular. Esta situación afectará sin duda la labor de gobierno justo en un momento en el que hay que dar el impulso final a los programas de gobierno y asegurar buenos resultados para los ciudadanos.

Estamos pues ante "la trampa de la institucionalidad" que no es un asunto menor. La magistrada Jeanine Otálora ha señalado que "no podemos permitir que, en paralelo a un sistema constitucional y legal, camine en paralelo a otro sistema Ilegal o paralegal, inventado por los actores políticos que finalmente se traduce en un fraude a la ley". No cabe duda de que esta situación constituirá la prueba de fuego para el recién reconfigurado Consejo General del INE y su presidenta, lo mismo que del propio Tribunal Electoral. Veremos si son capaces de sacar tarjetas rojas a quienes violen la ley o, por el contrario, se presten a avalar la simulación.