Los riesgos del empoderamiento militar

Varios acontecimientos recientes han revivido la preocupación de la sociedad por el creciente empoderamiento de los militares experimentado durante la actual administración federal. Entre ellos están el asesinato a manos de militares de cinco jóvenes desarmados en la ciudad de Nuevo Laredo; la ausencia total de la Guardia Nacional, la policía estatal y del propio Ejército cuando un comando del Cartel del Golfo secuestró a cuatro ciudadanos estadounidenses, asesinando a dos de ellos e hiriendo a otro, en Matamoros, y la denuncia por parte de diversos medios de comunicación nacionales (Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias entre ellos) de que el Ejército Mexicano usa el malware Pegasus para espiar a periodistas y opositores violentando lo establecido en la constitución. 

Si a ello sumamos el hecho de que durante el actual gobierno el Ejército se ha hecho cargo, por primera vez desde los gobiernos civiles, de la tarea de la seguridad pública, y el hecho de que el mismo instituto castrense ha tenido acceso a una enorme cantidad de recursos públicos destinados a la construcción de las grandes obras de infraestructura del actual sexenio, como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, lo mismo que para la atención de las muchas funciones que el presidente ha encargado a los militares, las preocupaciones parecen tener razones fundadas.

El presidente ha argumentado en defensa de sus decisiones que se ha apoyado en el Ejército como una forma de combatir la corrupción existente en todas las áreas que ahora ha encargado a las fuerzas castrenses bajo la muy cuestionada premisa de que el Ejército es incorruptible, cuando sabemos que eso no es cierto. ¿Cuáles son los riesgos para el país y para los ciudadanos de este empoderamiento de los militares? ¿en qué medida este hecho puede amenazar el futuro de la democracia? 

A ciencia cierta aún no lo sabemos, pero la preocupación crece en la sociedad y los acontecimientos de las últimas dos semanas lo demuestran. Es un hecho de que el Ejército, ahora también en su versión de la Guardia Nacional, es la institución que más denuncias acumula por violación a los derechos humanos, que menos transparencia exhibe en la asignación de los contratos de obra pública y que, por si fuera poco, tiene sus propios órganos de impartición de justicia. Estos hechos, que no opiniones, no debieran pasar desapercibidos por los mismos partidarios del presidente porque ellos mismos pudieran sufrirlo en el futuro, como lo hicieron en el pasado no tan lejano. Recordemos 1968 y Ayotzinapa sin ir muy lejos.    

En la historia reciente del país nunca los militares habían tenido tanto poder como lo tienen hoy. Prácticamente desde el gobierno de Miguel Alemán, primer gobierno civil después de la Revolución Mexicana, los militares fueron poco a poco alejados de la política y responsabilizados principalmente de las tareas de la defensa nacional, del cuidado de las fronteras, del mar territorial, de la vigilancia del espacio aéreo y del auxilio de la población en casos de desastre. 

En este periodo de gobiernos civiles, el ejército nunca fue responsable de la seguridad pública, aunque fue usado en diversas ocasiones para reprimir diversos movimientos sociales como a los ferrocarrileros, a los maestros, a los médicos o a los estudiantes en 1968. Tampoco se le responsabilizó de la construcción de grandes obras de infraestructura, ni del control de aduanas y puertos del país y muchas otras tareas que hoy ha asumido por instrucciones del actual presidente.

Por estas razones, podemos decir con toda certeza que durante el actual sexenio se ha producido un giro histórico en lo que tiene que ver con el empoderamiento de los militares del país. Un cambio cuyas consecuencias en el mediano y largo plazo aún no alcanzamos a apreciar, pero que -como lo decimos arriba- preocupa cada vez más a sectores amplios de la sociedad. 

Por otro lado, la vieja relación Ejército-Partido-Gobierno que operó desde el nacimiento del PNR en 1929, siguió con el PRM (donde los militares constituyeron el cuarto sector del partido) y continuó con el actual PRI, se fue perdiendo gradualmente hasta institucionalizarse la función del Ejército, al garantizarse su imparcialidad partidaria, especialmente a partir de la alternancia en el poder alcanzada en el año 2000. Hoy parecen existir tentaciones de buscar su regreso. 

Sin ir más lejos, el año pasado el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, afirmó en su discurso en la celebración de aniversario de la revolución Mexicana, en 2021, que el Ejército apoyaba a la Cuarta Transformación impulsada por el actual presidente. Ojo, no a las instituciones ni a la constitución sino a un proyecto político del presidente en turno. ¿Implicará esta afirmación que el Ejército eventualmente defendería con las armas a la Cuarta Transformación? La sola posibilidad genera temor.